MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria desarrollará a partir de mañana una experiencia piloto de intercambio eléctronico de documentos judiciales y administrativos, con la misma validez y seguridad jurídica que la obtenida a través de los medios válidos actualmente, según informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Este proyecto conjunto será presentado mañana, a las 11:00 horas, en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias por el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, José Miguel Ruano, y el secretario general del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Juan Pedro Serrano.
El Departamento dirigido por Celestino Corbacho explicó en un comunicado que con esta experiencia piloto que desarrollarán dicho Juzgado y la Unidad Administrativa del Fogasa en Las Palmas se inicia un proceso de modernización de ambas instituciones, que redundará en beneficio de los administrados que acudan a solventar sus problemas al citado Juzgado.
Así, gracias a esta iniciativa, se reducirán los tiempos procesales, facilitando la labor de comunicación y notificación de los trabajadores de la sede judicial, y con la consiguiente reducción en los tiempos de reconocimiento y pago de las prestaciones de garantía salarial.
El Fogasa es el organismo administrativo que tiene asignada legalmente la cobertura de los créditos salariales no pagados a los trabajadores de empresas insolventes, y es, según Trabajo, un "eficaz instrumento" de apoyo a la pequeña y mediana empresa así como un "activo colaborador" de la Administración de Justicia.
AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LAS PRESTACIONES.
En el ámbito del Fogasa, este proyecto se enmarca en la implantación paulatina de la Administración Electrónica, junto con otras medidas ya puestas en marcha, como el Registro Electrónico para la solicitud de prestaciones de garantía salarial.
Uno de los principales objetivos de este proyecto es el de reducir los tiempos de tramitación para el reconocimiento y pago de las prestaciones. Para ayudar a conseguirlo, se acortarán los tiempos de notificación, eliminando las tareas que conlleva las comunicaciones en soporte papel (obtener una copia escrita, registro de salida, ensobrar, registro de entrada, distribución de las tareas administrativas e incorporación de los sistemas de gestión).
A la consecución de esta meta contribuirá el hecho de que las resoluciones judiciales ya vendrán tratadas automatizadamente en sus datos más significativos, y por tanto, no será necesario efectuar ningún trabajo adicional sobre ellos, ya que las cuestiones esenciales para reconocer una prestación, como los datos del beneficiario, la empresa afectada y el Juzgado actuante, estarán en una base de documentos electrónicos del organismo.
