MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los Grupos Parlamentarios de PP, PSOE, IU-ICV, ERC, BNG y CiU han presentado en el Congreso una batería de enmiendas parciales a la reforma laboral que acordaron Gobierno y agentes sociales el pasado mes de mayo y cuya entrada en vigor se produjo el 1 de julio del presente ejercicio.
El plazo para la presentación de enmiendas al texto concluyó el pasado martes después de sucesivas ampliaciones por parte de la Mesa de la Cámara, sin que ningún Grupo presentara una enmienda de totalidad, posiblemente por el apoyo social con el que llegó la ley al Congreso.
Concluida la presentación de enmiendas, la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que compete esta ley, designará ahora una ponencia -un grupo reducido de diputados de todas las fuerzas parlamentarias- para que, a puerta cerrada, redacte un informe sobre el texto remitido por el Gobierno y las enmiendas presentadas. Para ello dispone, si no hay ampliaciones, de un plazo de 15 días.
Una vez terminado el informe de la ponencia, la Comisión emite un dictamen que someterá al Pleno de la Cámara. Tras la aprobación del mismo, los Grupos Parlamentarios cuentan con 48 horas para comunicar qué votor particulares y enmiendas rechazadas defenderán en el Pleno. El debate en el Pleno supondrá el fin de la primera fase de la tramitación parlamentaria, iniciándose a continuación su pase al Senado, donde también podrán presentarse enmiendas. En los cambios que ha propuesto el PSOE en el Congreso, uno de los más destacables es su intención de que la reforma laboral recupere las ayudas a la contratación de discapacitados por parte de los centros especiales de empleo.
MUCHAS ENMIENDAS EN PRO DE LOS DISCAPACITADOS.
Pero el PSOE no es el único Grupo que ha presentado enmiendas relacionadas con las personas con discapacidad. CiU también ha pedido que se incrementen las subvenciones para la creación de puestos de trabajo en los centros especiales de empleo, ayudas que, según la formación catalana, permanecen congeladas desde 1985.
En otras enmiendas, CiU aboga además por incrementar las bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social hasta en 1.300 euros anuales (108,33 euros al mes) en los casos en que se contrate a personas con discapacidad que sean mayores de 45 años, o que presenten parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, así cuando se emplee a mujeres con discapacidad.
También el PP pretende elevar las bonificaciones a la contratación fija de discapacitados, de tal manera que los empresarios o empleadores que contraten indefinidamente a personas con discapacidad tengan derecho a una bonificación mensual de 500 euros (6.000 euros anuales) durante toda la vigencia del contrato. Esta cantidad duplica la establecida actualmente en la reforma laboral (250 euros al mes, 3.000 euros al año).
Esta pretensión de los 'populares' coincide con una de las enmiendas que ha presentado ERC a la reforma laboral, y en la que piden la misma cantidad (500 euros al mes, 6.000 euros al año). Según el PP, la reforma es "francamente regresiva" para los derechos obtenidos por el colectivo de los discapacitados.
El Grupo Parlamentario Popular también ha presentado en el Congreso otra enmienda para que la cuantía de las bonificaciones a la contratación se actualice en el mes de enero de cada ejercicio según el IPC anual registrado en noviembre del año anterior.
IU Y BNG CONDICIONAN LAS BONIFICACIONES.
Por su parte, IU-ICV y BNG condicionan en sus enmiendas la concesión de bonificaciones a la contratación indefinida a que las empresas cumplan una serie de requisitos. En concreto, la formación liderada por Gaspar Llamazares quiere que las ayudas a la contratación sólo se otorguen a aquellas empresas que, además de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, apliquen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En el caso del BNG, la idea es que sólo se concedan estas bonificaciones a las empresas que cuenten en sus plantillas con un 50% de trabajadores contratados indefinidamente.
Asimismo, el bloque gallego propondrá durante la tramitación del articulado que las empresas beneficiarias de estas bonificaciones contraten mediante la modalidad de indefinido ordinario, y no a través del contrato de fomento de la contratación indefinida, que cuenta con un coste de despido menor.
Por su lado, IU-ICV también quiere que la reforma laboral encarezca los contratos temporales, elimine el llamado contrato de 33 días, establezca la jornada laboral de 35 horas semanales, y acorte los plazos para hacer fijos a aquellos trabajadores a los que se les haya encadenado dos o más contratos temporales.
