MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular en el Senado ha retirado dos de sus enmiendas al proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, con las que pretendía modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y abrir la puerta a amortizar puestos de trabajo no considerados necesarios cuando han sido cubiertos de manera irregular.
Así lo ha anunciado este jueves el senador 'popular' Juan Antonio de las Heras al inicio de la Comisión de Hacienda en el Senado, en la que ha informado de los acuerdos alcanzados durante la reunión de la ponencia creada para analizar el proyecto de ley, al que se han presentado 8 vetos y más de 180 enmiendas.
En los textos de las enmiendas ya retiradas, los 'populares' indicaban que en caso de declaración judicial de irregularidad en la contratación de las Administraciones Públicas, "cuando el puesto de trabajo no fuere de necesaria cobertura, la extinción de la relación laboral se producirá con la amortización del mismo a través de los procedimientos de suspensión de puestos de trabajo propios de la Administración de que se trate".
Asimismo, en dichas enmiendas se especifica que los trabajos de no necesaria cobertura son los destinados a cubrir una necesidad temporal, a la realización de un proyecto y los que tienen su origen en una colaboración social, entre otros.
Para los puestos de trabajo de necesaria cobertura, se preveía que el trabajador continuara desempeñando el puesto que venía ocupando hasta que se procediera a dicha cobertura por los procedimientos de provisión aplicables a las Administraciones Públicos, momento en el que se extinguiría la relación laboral con este trabajador, salvo que accediera al empleo público superando las preceptivas pruebas.
CC.OO había denunciado que estos cambios que el PP pretendía introducir buscaban regular la situación de los 'indefinidos no fijos' --aquellos que por resolución judicial que declarada en fraude de ley su contratación pasan a tener la consideración de indefinidos en su administración, pero que por haber superado pruebas selectivas que acrediten los criterios de acceso no pueden ser considerados personal laboral fijo--, de tal manera que se pudieran amortizar las plazas "sin más causa que la voluntad de hacerlo".
Además, el sindicato criticaba que la enmienda no contemplara que el fraude cometido "por la Administración, en su calidad de empleadora", tuviera consecuencia jurídica alguna.
"Desde CC.OO. compartimos plenamente que el acceso al empleo público debe cumplir con los objetivos constitucionales, pero eso no puede servir de excusa para que las Administraciones tengan carta blanca para incumplir a su antojo la normativa laboral", añadían en un comunicado.
Por otro lado, el sindicato liderado por Ignacio Fernández Toxo había advertido de que de consumarse el contenido de la enmienda, propondría al resto de sindicatos representativos la organización de un proceso de actuación sindical que evitara una precarización aún mayor del empleo público y sus condiciones laborales.
Desde CSI-F también rechazaron "la imposición de normas que afectan a las relaciones laborales sin haberse puesto en común con los sindicatos". De hecho, recordaron que los sindicatos ya habían solicitado una reunión urgente de la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas para retomar el diálogo social.
CSI-F señaló asimismo que vigilaría la aplicación de la norma para que no supusiera una pérdida añadida de puestos de trabajo, y planteó que es necesario llevar a cabo un plan de recursos humanos para detectar las necesidades de empleo en las diferentes estructuras administrativas.
