MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Domingo Fernández Veiguela, anunció hoy que "por supuesto" convocarán movilizaciones en protesta por la rebaja del 5% de los salarios de los empleados públicos, sin descartar una huelga general, y barajó la posibilidad de denunciar al Gobierno por "incumplir" el acuerdo trianual hasta 2012 que garantizaba el poder adquisitivo de los funcionarios.
El presidente del sindicato mayoritario recordó que el sindicato ya decidió convocar una huelga general en la función pública en 1996, cuando se congelaron los salarios públicos.
"Aplicar todo el recorte a costa de los funcionarios es injusto y grave", reiteró Fernández Veiguela, y lanzó un guante a UGT y CC.OO. para "defender juntos" la potenciación de los servicios públicos, si bien se mostró taxativo: "Haremos movilizaciones solos o acompañados".
Asimismo, Veiguela consideró "injusta e ineficaz" la decisión anunciada por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso, por lo que echó en falta otras medidas de austeridad "mucho más ahorrativas".
"Si hay que apretarse el cinturón, lo hacemos todos, pero el ahorro tiene que apuntar primero a otros sitios. Lo fácil es rebajar el sueldo a los empleados públicos", lamentó, para después emplazar al Gobierno a suprimir un 90% el número de asesores fiscales y a controlar el "despilfarro" derivado de la duplicidad de competencias entre la Administración central y la comunidades autónomas y ayuntamientos. "Serían medidas que podrían conseguir más ahorro, además de ser más justas", aseguró.
"DESILUSIÓN" CON DE LA VEGA.
El líder de CSIF incidió en que los funcionarios cobran sueldos "muy modesto", que cifró en una medida entre 1.300 y 1.500 euros. "Muy pocos funcionarios superan los 2.000 euros, incluso contando el plus por experiencia", agregó.
Así pues, se mostró "desilusionado" con el incumplimiento del acuerdo suscrito el pasado 25 de septiembre con el Gobierno --que recogía un incremento del 0,3% para este año y su revisión en los dos próximo años-, y en el que participó activamente la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega. "Es una pena que De la Vega no cumpla su palabra", espetó.
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