Archivo - La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha denunciado desigualdades de trato por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la concesión de prestaciones extraordinarias a trabajadores autónomos durante la pandemia del Covid de 2020.
La prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos constituyó una de las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno para proteger a los trabajadores autónomas que, como consecuencia de las restricciones derivadas del estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020, vieron suspendida su actividad laboral o reducida su facturación en, al menos, un 75%.
El organismo presidido por Enriqueta Chicano emitió en 2023 un informe de fiscalización donde alertó de que se habían producido pagos indebidos a autónomos que no les correspondía la ayuda. En concreto, detectó que unos 280.000 autónomos percibieron un total de 505,5 millones de euros en ayudas.
El Tribunal quedó pendiente de esos pagos indebidos y este viernes ha emitido una nota complementaria al informe en la que señala que ya ha concluido la recuperación de las ayudas otorgadas sin tener todos los requisitos en regla. Tras la revisión de prestaciones concedidas provisionalmente durante la pandemia, se reconocieron definitivamente 1,4 millones de beneficiarios, con 3.614 millones de euros abonados y 39.447 prestaciones denegadas.
Sin embargo, el Tribunal ha indicado que han seguido produciéndose "determinadas situaciones de desigualdad de trato entre las personas beneficiarias", derivadas de la aplicación de diferentes criterios por parte de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, principalmente en el cálculo de la base reguladora de la prestación y en su incompatibilidad con otras prestaciones del sistema.
También se han observado desigualdades relacionadas con la aplicación de la presunción de cumplimiento del requisito de reducción de la facturación, que afectó de manera diferente a solicitudes resueltas antes de su aplicación.
El Tribunal de Cuentas ha puesto de relieve la necesidad de garantizar criterios uniformes en la aplicación de estas prestaciones extraordinarias, evitando las desigualdades detectadas que han afectado de manera diferente a los beneficiarios en función de la entidad gestora responsable de cada caso.
SE ACEPTAN EL 97,35% DE LAS RESOLUCIONES PROVISIONALES
El número definitivo de personas beneficiarias de la prestación ha representado el 97,35% del total de resoluciones provisionales adoptadas, cifra que ha permitido recuperar los pagos indebidos realizados durante la pandemia tras la denegación de 39.447 prestaciones.
El importe de las exoneraciones de cotizaciones sociales asociadas a la prestación se ha situado en 1.458 millones de euros, cantidad que ha complementado los 3.614 millones de euros abonados directamente a los beneficiarios definitivos de la medida.
