MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los abogados de los cinco imputados en el caso de las 'cuentas secretas' del BBV solicitaron hoy al juez de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, el sobreseimiento del caso que juzga al ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra, y a otros cuatro directivos por un presunto delito de falseamiento de cuentas anuales.
Todas las defensas se adhirireron a la tesis expuesta por el abogado de Ybarra, Horacio Oliva, que consideró que el Ministerio Fiscal carece de legitimidad para ejercer de acusación, al no existir perjudicados. En concreto, estima que el delito por el que se juzga a Ybarra y a los cuatro directivos no afecta a pluralidad de personas, no ocasiona daños patrimoniales al banco ni perjudica a las cuentas del Estado por un posible fraude a la Hacienda pública.
Para sustentar esta tesis, la defensa presentó unas cartas del actual presidente de la entidad, Francisco González, que datan de julio de 2002, en las que comunicaba a los accionistas y trabajadores del banco la ausencia de daño patrimonial con estas operaciones.
Tras la intervención de las defensas, ahora está prevista la del fiscal Juan Pavia. El Ministerio Fiscal se presentó en su escrito como acusación en representación de los posibles accionistas perjudicados.
El juicio sobre el caso de las 'cuentas secretas' del antiguo BBV comenzó hoy con las cuestiones previas. La acusación ejercida únicamente por el Ministerio Fiscal solicita para Ybarra dos años y medio de cárcel y multa de diez meses con cuota diaria de 250 euros, al aplicarle la atenuante de confesión, lo que el fiscal no hace con los demás imputados.
La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años de cárcel y multa de doce meses con cuota diaria de 250 euros para el ex consejero delegado Pedro Luis Uriarte Santamarina, el ex vicepresidente José Domingo Ampuero y el ex consejero Gervasio Collar, así como dos años y diez meses de prisión con cuota de 250 euros para Luis Javier Bastida, ex director general financiero de BBV.
La Fiscalía acusa a los directivos de un delito continuado de falseamiento de cuentas anuales, iniciado en 1987, cuando el Banco de Vizcaya decidió abrir unas cuentas por valor de 224 millones de euros en la Isla de Jersey destinadas a financiar la recompra de acciones del banco que habían caído en manos del grupo kuwaití KIO a través de su filial española Torras Hostench. Estas cuentas se utilizaron posteriormente para realizar operaciones de ingeniería financiera que no quedaron registradas en las cuentas anuales del banco.
((NOTA: HABRÁ AMPLIACIÓN))
