BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La compañía Mutua Universal, tercer grupo mutualista español, estafó 219 millones de euros a la hacienda pública entre 1990 y 2007, según un informe elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social, confirmaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía Anticorrupción.
Los peritos de la Seguridad Social han enviado este informe, listo desde hace "dos o tres semanas", al juez de Barcelona que investiga a cinco directivos de Mutua Universal desde que la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella criminal por estafa hace seis semanas, avanzó hoy la Cadena Ser.
El informe, encargado por el juez de Barcelona que investiga la contabilidad de la compañía desde hace medio año, concluye que algunos directivos de la mutua falsificaban los expedientes de bajas o lesiones por accidentes laborales para cobrar de la Seguridad Social por unas bajas laborales inexistentes o infladas.
Asimismo, detalla que los imputados pudieron haber estafado a la hacienda pública "mediante la emisión de facturas que no se corresponden con una prestación real de servicios por parte de la compañía o las empresas que la habían contratado".
El informe añade que "para evitar ser descubiertos, los imputados falseaban o fraccionaban el tiempo de duración de las supuestas lesiones o enfermedades sufridas por los mutualistas de manera que se minimizaba el riesgo de ser detectados ante una eventual inspección de la propia Seguridad Social o del Tribunal de Cuentas".
La querella de la Fiscalía se dirige al ex director gerente de Mutua Universal Juan Aicart; el ex subdirector regional José Eduardo Villa; el consultor general José Luis Pérez; el ex director de Recursos Humanos de la mutua Francisco Teixidó, y el administrativo de la entidad Enric Torné.
La Fiscalía sospecha que la mutua desviaba fondos públicos y otros propios de la entidad a favor de distintas empresas controladas por Aicart y el resto de querellados. Dicha facturación suponía todos los ingresos de las sociedades vinculadas --que en total facturaban más de 12 millones de euros a Mutua Universal-- o un elevado porcentaje de los mismos.
Otra forma de desviar fondos públicos consistiría en retornar a ciertas empresas asociadas a Mutua Universal cantidades que no habían sido gastadas y que, por tanto, debían regresar al patrimonio de la Seguridad Social. Para ello, se cedía personal que seguía cobrando su salario de la mutua o la entidad asumía el pago de facturas correspondientes a gastos de la empresa asociada.
