MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta y consejera de Abertis, Carmen Godia Bull, negó hoy, a través de su abogado, cualquier relación con la presunta utilización de información privilegiada en la OPA de Martinsa sobre Fadesa en septiembre de 2006 con la connivencia del fundador de Astroc, Enrique Bañuelos, por la que ambos están imputados junto con otras dos personas por un juez de Barcelona.
En un comunicado, su representante legal, Pablo de Ferrater, aseguró que Godia "no ha adquirido acciones de Fadesa que le hubieran proporcionado una revalorización o beneficio de 3,5 millones de euros", tal y como figura en la querella presentada por el Ministerio Fiscal.
Además, De Ferrater afirmó que su representada "no ha tenido ningún tipo de información más allá de la leída en prensa sobre la OPA de Martinsa sobre Fadesa".
"Godia Bull no es, ni ha sido, accionista, administradora ni tiene vínculo alguno con la mercantil BCN GODIA, sociedad de su hermana Liliana Godia Guardiola", declaró el abogado en un comunicado.
La Fiscalía considera que Godia era administradora de la sociedad G3T, que posee el 5% de las acciones de Astroc y pertenece al grupo BCN Godia; y que con su iniciativa contrató con el BBVA una operación de 'equity swap' sobre acciones de Fadesa dos días antes de producirse la OPA, a través de un apoderado.
La presunta directora de la operación se "habría valido de la información facilitada por Bañuelos" respecto a la inminente OPA de Martinsa sobre Fadesa, que se materializó el 28 de septiembre y que supuso "una revalorización, con un beneficio de 3,5 millones de euros", según explica el auto.
El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha llamado a declarar como imputados a Bañuelos, Godia, al director financiero de BCN Godia, Jorge Gracia Silvestre, y al abogado y apoderado del Grupo Javier Amat Badrinas, por un presunto delito de utilización de información privilegiada, según el auto dictado el pasado 18 de febrero hecho público hoy al que tuvo acceso Europa Press.
Todos ellos declararán el próximo 18 de marzo ante el juez Juan Emilio Vilá, tras la querella presentada por la Fiscalía de Barcelona, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
