AENA y los controladores se reúnen mañana en el marco de la negociación colectiva
MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El sindicato mayoritario USCA estudia presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de que la Audiencia Nacional desestimara hoy su demanda de conflicto colectivo en contra del Real Decreto por el que AENA asume la gestión del trabajo de los controladores y modifica sus condiciones laborales, avanzaron fuentes del sindicato a Europa Press.
"Recurriremos ante el Tribunal Supremo y agotaremos todas las vías jurídicas en España y si es necesario acudiremos a la legislación europea", indicaron las mismas fuentes.
Los controladores mostraron su sorpresa por la "contundencia" y la "carga añadida" de la sentencia, en la que se entra de lleno a valorar aspectos que no se habían planteado ni en la demanda ni en la vista oral, celebrada hace siete días, por ninguna de las partes. En su opinión, este hecho y la densidad de las argumentaciones demuestra la "rapidez" y "prisa" por resolver esta demanda, acorde, en su opinión, con la tramitación de la ley con caracter de urgencia en el Congreso y el Senado, sin haber escuchado al colectivo.
Entre estos aspectos, se incluiría el enfoque económico de las situación de AENA, los pactos acordados en el actual convenio, vigente desde 1999, así como el análisis que se realiza en la sentencia sobre el derecho a la huelga.
Asimismo, desde USCA se incidió en que la sentencia viene a reconocer que se utilizó la negociación colectiva en fraude de ley con el acuerdo de pactos entre el ente y los controladores, que no obtuvieron la autorización de la Cecir. En esta línea, calificaron de "increíble" que once años después una sentencia indique que dicha negociación ha dejado de cumplir su función.
"LA APLIACIÓN DE LA LEY PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD".
En un comunicado, USCA aseguró que la sentencia, que respeta pero no comparte por tener "un carácter más económico y político que jurídico", reconoce también la "escasez" de personal para atender las necesidades del servicio, al tiempo que admite que "aunque se vulneran algunos derechos", la ley se dicta en aras de la seguridad y la continuidad del servicio.
No obstante, advirtió que la aplicación de la retirada del trabajo de control a aquellos con más de 57 años agrava la falta de plantilla, lo que repercute en la seguridad aérea.
"La propia aplicación de la ley pone en riesgo precisamente esa seguridad en el tráfico aéreo", aseguró AENA, que insistió en que en sus términos actuales, "pone en riesgo la seguridad".
La Audiencia Nacional rechazó hoy la demanda de los controladores por entender que "no presenta dudas razonables de constitucionalidad" y consideró que la ley del Gobierno fue "necesaria, idónea y proporcionada para corregir una situación "calamitosa" originada por el convenio colectivo de los controladores, situación que se convirtió "en un estado de excepción permanente que ha durado 20 años". La sentencia es recurrible ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el plazo de diez días desde su notificación.
PRIMERA REUNIÓN ENTRE AENA Y CONTROLADORES TRAS LA SENTENCIA.
Precisamente mañana, controladores y AENA volverán a sentarse a la mesa en el marco de la negociación del convenio colectivo, en una cita ya programada, en el que será el primer encuentro entre ambas partes tras la publicación de la sentencia que desestima la demanda de USCA contra el Real Decreto y después de que los anteriores encuentros acabaran "sin ningún avance".
Sobre la mesa de negociación el rechazo por parte de los controladores a seguir cobrando el complemento de 33.000 euros anuales de media, que AENA se ofrece a seguir pagando de manera temporal a los controladores y los llamados servicios 'express'.
AENA insiste en el pago provisional de este complemento, que ya percibieron desde febrero al 14 de abril, fecha de la entrada en vigor de la nueva ley, en tanto no se negocie otra retribución, medida que USCA rechaza por considerarla una nueva rebaja del 30% de su salario, que se redujo en marzo un 30% con respecto al año pasado.
USCA reclama que con esta cantidad "ajustar" su salario fijo sería posible, pero el ente considera que su propuesta es inviable porque "impide cumplir la ley", no ya por el coste, sino porque implicaría pagar a dos precios diferentes la hora ordinaria.
