La Audiencia de Barcelona obliga a reabrir la instrucción para practicar una pericial sobre fincas rehabilitadas por la empresa
BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez de Instrucción número 3 de Barcelona considera que existen suficientes indicios como para afirmar que la empresa pública de la Generalitat Adigsa cobró comisiones ilegales de hasta un 20% en la adjudicación de obras de rehabilitación de pisos de segunda mano de protección pública entre 2002 y 2004, durante el gobierno de CiU.
El magistrado dictó en junio un auto que concluía la instrucción y en que mantenía imputados al ex presidente de Adigsa Ferran Falcó --hoy primer teniente de alcalde de Badalona (Barcelona) por CiU--; al ex consejero delegado Josep Antoni Fondevila; al ex director del Area Técnica Jordi Huguet; al ex responsable del Departamento de Adquisiciones Xavier Sala; a los constructores Jordi Honrubia, Ángel Egido y José Antonio Salguero, y al intermediario Josep Maria Penín.
Sin embargo, en septiembre la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona obligó a reabrir la instrucción del caso al estimar un recurso presentado por la defensa de Ferran Falcó. Su letrado impugnó un auto dictado en abril por el juez instructor, quien le denegó una prueba pericial para determinar el valor en el mercado de algunas fincas de Adigsa que fueron rehabilitadas para su posterior adjudicación en régimen de alquiler.
La prueba pericial, además, pretendía determinar el grado de cumplimiento de las obras, fijando en su caso el porcentaje y valor de las no realizadas. El juez, sin embargo, consideró que no existen datos objetivos para poder hacer la pericial, ya que "los expedientes carecen de valoraciones detalladas y se describen las obras de forma genérica, aparte de que no hay constancia del estado anterior de las viviendas que permita su comparación con su estado final".
La Sección Segunda, por su parte, cree que es "prematuro" rechazar la prueba pericial, "sin perjuicio de reconocer su dificultad", ya que corresponde al perito que se designe "llamar la atención del instructor sobre la imposibilidad o mayor o menor viabilidad de dicha pericia". Con su decisión, la Sala obliga a reabrir la instrucción para realizar la citada prueba, por lo que el juez deberá dictar después un nuevo auto para concluir la investigación del caso.
PENÍN, "PRINCIPAL ARTÍFICE" DE LA TRAMA.
Por el momento, en la resolución que dictó en junio --a la que ha tenido acceso Europa Press-- el instructor señala que los imputados pueden ser responsables de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial y mercantil.
La investigación judicial del cobro de comisiones ilegales de Adigsa se deriva de una querella presentada por Fiscalía en diciembre de 2005, después de que el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall acusara implícitamente a CiU durante un pleno del Parlament de haber cobrado comisiones del 3% de constructoras a las que adjudicó obras durante sus años de gobierno.
Según relata el auto, las irregularidades se produjeron en el proceso administrativo de adjudicación de las obras para rehabilitar las viviendas de Adigsa. Habitualmente, se escogía entre tres empresas, aunque en este caso se concedieron a dedo a pequeños constructores a cambio del pago de comisiones y sin cumplimentar el trámite administrativo necesario.
Cuando las obras se estaban acabando se hacía la documentación del expediente "de forma ficticia", como si hubiera habido ofertas de varias empresas, "con la finalidad de darle apariencia legal". Tales "maquinaciones", señala el juez, las llevaba a cabo directamente Josep Maria Penín "como principal artífice", el cual contaba con la "colaboración" y "connivencia" del resto de imputados.
Según el auto, la labor "teórica" de Penín era tasar inmuebles y estudiar su viabilidad económica, pero en realidad no consta que cumpliera su función, sino que se ocupaba de llevar a constructores a ver la obra, les daba las llaves y les hacía empezar la obra urgentemente en el marco del Plan Joven, "ideado y creado con la finalidad de captación de voto" para CiU.
El juez explica que no consta en los expedientes ninguna tasación ni valoración de Penín, aunque el imputado cobró de Adigsa 28.895 euros en siete meses como tasador, "con la autorización de los responsables económicos y administrativos" de la empresa, y obtuvo fondos públicos, bien por tasaciones no realizadas o por comisiones cobradas a algún contratista por haberle encargado obras.
Concretamente, según el auto, Penín cobró del constructor José Antonio Salguero --que denunció las irregularidades-- comisiones por valor de 60.000 euros, mientras que el constructor Jordi Honrubia --cuñado de Penín-- se facturó 48.000 euros de una obra realizada por Salguero. Además, se intentó cobrar a un tercer constructor otros 3.000 euros por dos pisos a rehabilitar, pero éste rechazó el trato.
Según el auto, Salguero --que participó en la rehabilitación de una veintena de viviendas-- aceptó esta situación y la propuesta de Penín de aumentar en un 20% el valor de las reformas, "en claro detrimento del erario público", sin que en Adigsa les constase que estuviera realizando obras para ellos.
COLABORACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE ADIGSA.
El juez añade que, con la finalidad de que el Plan Joven siguiera adelante y de conseguir "beneficios electorales", los responsables de la administración de Adigsa tuvieron que dar apariencia de legalidad a la actuación realizada por Penín.
Así, el entonces consejero delegado, Josep Antoni Fondevila, "adjudicaba directamente expedientes de contratación al margen del procedimiento habitual ignorando las irregularidades en los mismos y disponiendo que el área técnica elaborara posteriormente los documentos para el expediente y pago de los contratistas".
Fondevila, además, emitió un certificado que acreditaba que Penín colaboraba con Adigsa y que le servía de "credencial". Fue, sin embargo, el ex presidente de la empresa pública Ferran Falcó quien le presentó al intermediario, diciéndole que iba a trabajar en Adigsa.
Según el auto, el arquitecto Jordi Huguet, ex director del Area Técnica, es el responsable por su cargo de las irregularidades que se observan en los expedientes de contratación, tales como "repetición de administradores, cambios de fechas, cambios de empresas dentro de un mismo expediente o adjudicaciones directas".
Por su parte, Xavier Sala "autorizaba pagos de facturas a Penín sabiendo que no existían tasaciones y es el responsable de la adquisición de pisos por importe muy superior a su valor", mientras que el constructor Ángel Egido --amigo de Penín-- realizó obras para Adigsa y firmó los contratos cuando ya las había iniciado por indicación del intermediario.
