MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado los últimos Presupuestos de la Legislatura, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2016 y serán gestionadas por el nuevo Gobierno que salga de las urnas en las generales del 20 de diciembre.
La convocatoria de elecciones y la consiguiente disolución de las Cortes han motivado una tramitación atípica de las cuentas, que llegaron a la Cámara Baja en pleno agosto, casi dos meses antes de lo habitual.
La tramitación se ha visto afectada, además, por el informe de la Comisión Europea (CE) sobre el proyecto de ley, en el que duda de que España vaya a cumplir el objetivo de déficit tanto de 2015 (4,2%) como de 2016 (2,8%) y advierte de que el próximo Ejecutivo deberá modificar los Presupuestos.
Tal y como han dicho en numerosas ocasiones todos los miembros del Ejecutivo, el Gobierno optó por elaborar el Presupuesto de 2016 sin saber aún si será el partido que gobernará el año que viene por responsabilidad y para dar seguridad y confianza a los inversores.
Esta decisión del Gobierno de ha sido muy criticada por la oposición, que considera que la intención del PP era dejar "atadas y bien atadas" las cosas en previsión de un cambio de mayorías parlamentarias.
Sin embargo, el Ejecutivo ha defendido por activa y por pasiva que su única intención era dar estabilidad, sobre todo de cara a los mercados internacionales, para no perjudicar a la incipiente recuperación que, según pronostica, continuará fortaleciéndose en la próxima legislatura.
Las cuentas parten de un límite de gasto no financiero de 123.394 millones de euros, un 4,4% inferior al actual, a partir de una previsión de ingresos tributarios de 193.520 millones (+4%), que se queda en 134.773 millones tras la cesión a las administraciones territoriales (+0,8%).
Además, se contempla un objetivo de déficit para el Estado de 25.134 millones (2,2% del PIB), una financiación de las administraciones territoriales a través del presupuesto de gastos de 33.797 millones y unos ajustes de contabilidad nacional de 2.716 millones.
EL 53% A GASTO SOCIAL
Si se engloban los gastos en las grandes políticas del Gobierno, el 53% del total de presupuesto del año que viene irá a gasto social, con 188.130 millones de euros, un 0,4% más. Al descontar el gasto en desempleo, el gasto social sube un 3,8% y se queda en 168.309 millones.
De su lado, el 34% se destinará a actuaciones de carácter general, con 118.640 millones, un 4,5% más que hace un año, mientras que las actuaciones de carácter económico supondrán el 8% del gasto total, con 28.373 millones y un descenso del 6,6%.
SUBIDA SALARIAL PARA LOS FUNCIONARIOS
Además, la política de gasto de servicios públicos básicos contará con 16.716 millones de euros, el 5% del total y un 1,4% más que en el Presupuesto de 2015, cuando se destinaron 16.485 millones.
Los gastos de personal subirán un 4,9% y sumarán 16.839 millones, lo que incluye la subida salarial del 1% que ha incluido el Gobierno en las cuentas y la recuperación de parte de la paga extra suprimida en 2012.
Otra de las principales novedades es un nuevo programa de formación para parados de entre 29 y 55 años, así como una partida de 3 millones de euros para campañas de concienciación y prevención de embarazos no deseados y de apoyo a la maternidad y a la natalidad.
POCOS CAMBIOS DURANTE LA TRAMITACIÓN
Durante los tres meses que las cuentas han sido debatidas apenas han sufrido las modificaciones derivadas de las 200 enmiendas del Grupo Popular, que no ha aceptado más que tres propuestas de modificación de la oposición, todas ellas a iniciativa de los nacionalistas catalanes en el Senado, rechazando tanto las enmiendas de totalidad de todos los grupos como las casi 7.600 parciales registradas entre ambas cámaras.
Entre las enmiendas incorporadas destaca una que modifica el tratamiento fiscal de los Activos Fiscales Diferidos (DTA por sus siglas en inglés) en el Impuesto sobre Sociedades, que ha sido fruto de la colaboración entre la Comisión Europea, los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Economía y Competitividad, y el Banco de España.
