UPyD alerta de la "picaresca" para acogerse al nuevo decreto ante criterios "tan artificiales"

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Irene Lozano alerta al Gobierno de que el decreto ley para frenar los desahucios que aprobó este jueves el Consejo de Ministros no introduce ningún cambio estructural en la actual coyuntura hipotecaria y se limita a establecer criterios tan "artificiales" para determinar quiénes se pueden acoger a las medidas y quiénes no que, a la postre, acaba por "facilitar la picaresca".

En una columna de opinión titulada 'Ayuda de emergencia para los desahuciados' y publicada en 'El Confidencial', que recoge Europa Press, la diputada afirma que las decisiones del Ejecutivo equivalen a la "ayuda humanitaria de emergencia" que se ofrece como "medida desesperada que apenas pone orden y que, a lo sumo, limita las consecuencias del desorden" en que vive el país.

Sin embargo, las circunstancias "extremas" que soportan los afectados se definen según criterios "artificiales" que "facilitan la picaresca, que no es un gen español, sino una actitud fruto de la complejidad y la arbitrariedad de muchas leyes", añade.

"No quiero dar ideas, pero si su familia estuviera a punto de ser desahuciada, ¿no se dejaría usted dar una paliza por su marido? ¿No le pediría el divorcio a su mujer para convertirse en familia monoparental? ¿Por qué, a igualdad de ingresos, una familia feliz con dos hijos de diez y cuatro años pierde su casa y aquélla en la que haya malos tratos o sólo tenga un hijo de dos años no la pierde?", se pregunta Lozano, haciendo alusión a algunos de los requisitos para acogerse a la moratoria de dos años en la ejecución hipotecaria.

PAZ EN MEDIO DE LA GUERRA

En cualquier caso, la diputada reconoce que este decreto ofrecerá a los españoles "dos años de paz en plena guerra, que no es poca cosa", aunque critica que estas medidas "revelan que el Gobierno no ha comprendido dos factores esenciales de la crisis": que afecta a las clases medias, no a la población marginal; y que la Ley Hipotecaria ha contribuido a esta situación por "blindar" a los bancos.

"Miles de préstamos de alto riesgo que en su día hincharon la burbuja crediticia e inmobiliaria probablemente no se habrían concedido si los bancos y las cajas no hubieran sabido que jugaban con las cartas marcadas. Y creo que mucha gente que ahora se ve inmersa en un desahucio preferiría que no le hubieran puesto tan fácil firmar la hipoteca", reflexiona Lozano.

Por eso, a su juicio, la afirmación de que flexibilizar la Ley Hipotecaria restringiría aún más el crédito bancario "apenas supone una amenaza" y, de hecho, debería entenderse más bien como "una garantía de que el crédito alegre no va a volver". "Al desincentivar el negocio hipotecario igual hasta algún banco se animaría a invertir en innovación tecnológica, que buena falta nos hace", apostilla.

Finalmente, lamenta que ni el PSOE ni el PP hayan "querido mirar de frente el problema" de los desahucios hasta que "las platas tectónicas de la sociedad chocaban ya con demasiada violencia" y hasta que, "de golpe --el de algunos cuerpos sobre el asfalto-- se dieron cuenta de que se les había agotado" el tiempo.

"La consigna del duopolio es no actuar hasta que la realidad se desborde", recrimina la diputada, que concluye afirmando que el Código de Buenas Prácticas "se concibió con el propósito de mirar de reojo (el problema), sin dejar de fingir que solucionaba las cosas" aunque fue más que las medidas de los socialistas que, cuando gobernaban, "directamente dieron la espalda al problema".

SEIS MESES SIN NOTICIAS

Precisamente sobre este tema se interesa la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, que ha exigido al Gobierno que dé cuenta de los resultados del Código de Buenas Prácticas bancarias aprobado el pasado mes de marzo y que, según su reglamentación, debía emitir un informe a los seis meses de su funcionamiento, cosa que no ha sucedido.

La diputada recuerda en su pregunta parlamentaria, recogida por Europa Press, que el artículo 6 del decreto ley de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios sin Recursos preveía la creación de una Comisión de Seguimiento del Código, integrada por representantes de la Asociación Hipotecaria, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía.

Este grupo "de control" debía publicar cada seis meses --es decir, en septiembre, dada su creación en marzo-- un informe evaluando el grado de cumplimiento del Código. "Ha pasado sobradamente el plazo legalmente establecido y todavía no se ha publicado el citado informe, sin que sepamos si la citada Comisión se ha reunido o no, ni la valoración de la misma sobre los resultados", reprocha Díez.

Por ello, pregunta al Ejecutivo "cuántas veces se ha reunido la comisión" y "por qué todavía no ha sido publicado su informe" sobre el primer semestre de aplicación del Código. "Han pasado ya más de ocho meses y parece lógico que, antes de crear nuevas comisiones de expertos o lanzar mensajes a la opinión pública sobre posibles soluciones al problema de los desahucios, el Gobierno diera cuentas del resultado de 'u Plan'", añade la diputada.

UMBRALES "EXTREMADAMENTE RESTRICTIVOS"

Por otra parte, la portavoz parlamentaria también recuerda que, cuando se debatió la convalidación del decreto en la Cámara baja, los diferentes grupos parlamentarios ya advirtieron de que los umbrales de exclusión fijados para poder acogerse a las medidas del Código de Buenas Prácticas eran "extremadamente restrictivos", lo que abocaba la medida "al fracaso".

"El Gobierno desoyó tales críticas, negándose siquiera a tramitar el citado decreto ley como proyecto de ley a fin de que pudiera mejorarse con las aportaciones del resto de grupos a través de las correspondientes enmiendas", lamenta la portavoz parlamentaria.

No obstante, a renglón seguido inquiere al Ejecutivo sobre cuántas solicitudes de acogimiento al Código por parte de ciudadanos con problemas para hacer frente a sus hipotecas se han recibido y, de ellas, cuántas cumplían con los umbrales establecidos.

"¿Considera el Gobierno satisfactorio el resultado producido por la aplicación del citado Código? Si no lo considera satisfactorio, ¿cuál ha sido en el motivo del fracaso?", zanja la líder de UPyD, recordando que el PP fue el único grupo parlamentario que rechazó una proposición de ley de la formación en la que se proponían vías de solución al problema de los desahucios, con la "excusa" de que el Gobierno ya estaba trabajando en este asunto.

En la votación de convalidación del decreto, sólo CiU y el PNV votaron a favor del texto junto con el PP, aunque en el debate expresaron sus reticencias a algunos de los aspectos y a los criterios de selección de los beneficiarios. Además, reclamaron su tramitación como proyecto de ley, lo que fue rechazado por los 'populares'.

Ante la nueva normativa aprobada por el Gobierno este jueves, Rosa Díez ya ha anunciado que la formación magenta apoyará la convalidación, aunque se ha quejado de que PP y PSOE negocien de espaldas al Congreso y ha anunciado que presentarán enmiendas para intentar mejorar la ley.