MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó hoy con competencia legislativa plena, y a pesar del voto en contra del PP, el proyecto de Ley de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones Públicas y las empresas públicas y de transparencia financiera de determinadas empresas, que será trasladado directamente al Senado.
Esta norma, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, transpone a la normativa española dos directivas comunitarias de 26 de julio de 2000 y de 28 de noviembre de 2005 relativas a la transparencia de las relaciones financieras entre los estados miembros, las empresas públicas y determinadas empresas.
Además, supone que se regulen obligaciones específicas de información que deben dar determinadas empresas, siempre y cuando alcancen un tamaño determinado. Así, las empresas públicas, vinculadas a cualesquiera de las administraciones públicas, deberán informar sobre la puesta a disposición de fondos por parte de los poderes públicos, su motivación y utilización efectiva, así como los objetivos perseguidos en su otorgamiento.
Por su parte, las empresas a las que las administraciones públicas hayan concedido derechos especiales o exclusivos, o confiado la gestión de un servicio de interés económico general, y realicen además otras actividades distintas de las citadas, deberán llevar cuentas separadas sobre los ingresos y costes correspondientes a cada actividad y los métodos de asignación e imputación empleados.
En la misma línea, las empresas públicas que desarrollen su actividad principal en el sector manufacturero, tendrán que informar específicamente sobre cualquier tipo de intervención pública, así como dar información detallada de las transacciones realizadas con otras empresas del grupo o con otros grupos de empresas públicas.
En el transcurso de la Comisión de Economía y Hacienda, el PSOE introdujo una enmienda "de carácter técnico orientada a evitar la invasión de pequeñas competencias" autonómicas en algunos aspectos de la nueva norma, que provocó el voto en contra del PP a la ley, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Según el Gobierno, esta ley ayudará a evitar "abusos de posición dominante" por determinadas empresas ligadas a los poderes públicos, y a controlar las relaciones financieras entre estas empresas y las administraciones públicas, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local.
