También enviará informes a las CC.AA. y presentará otro a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno aprobará al menos cada dos años un informe sobre la aplicación de la Ley de Economía Sostenible que se remitirá después al Congreso de los Diputados y que contendrá además las recomendaciones de actuación para el ejercicio siguiente orientadas a la efectiva aplicación de los principios que establece la ley.
Así consta en la memoria de impacto normativo que acompaña a la Ley y que el Ministerio ha colgado hoy en su página web, en la que se explica que se elaborará este informe como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas y para facilitar la aplicación efectiva de la nueva normativa.
Para garantizar el seguimiento, el Estado presentará también informes a los órganos de cooperación con las comunidades autónomas en los sectores afectados y a la Comisión Nacional de la Administración Local, y enviará otro a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre la evolución de las líneas de crédito vinculadas a los objetivos.
El proyecto de Ley de Economía Sostenible se aprobó el pasado 19 de marzo y surge, según el Gobierno, ante la necesidad de impulsar reformas para acelerar y robustecer la salida de la crisis económica y situar a España en una senda de crecimiento sostenible. Cuenta con cuatro títulos relativos a la mejora del entorno económico, la competitividad, la sostenibilidad medioambiental y los instrumentos para la aplicación y evaluación de la ley.
En el primer capítulo, el Proyecto de Ley aborda la mejora de la calidad de la regulación, la reforma de algunos organismos reguladores y cambios en la legislación reguladora de los mercados financieros y de seguros para facilitar el funcionamiento de las sociedades cotizadas y entidades financieras, entre otras cosas.
De la misma forma, se intenta reforzar la sostenibilidad financiera del sector público, se abordan cambios en la contratación pública y colaboración público-privada y se facilita la incorporación de criterios de responsabilidad social en las empresas.
IMPULSAR LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA.
En el segundo capítulo, se incluyen reformas orientadas a impulsar la actividad emprendedora y reforzar la competitividad empresarial, a través de diversas reformas que se organizan en torno a la simplificación administrativa, la simplificación del régimen tributario, la morosidad, el catastro, la sociedad de la información, la ciencia e innovación, la internacionalización y la formación profesional.
El tercer capítulo pretende impulsar la sostenibilidad del modelo energético, reducir las emisiones, impulsar un modelo de transporte sostenible y reorientar la actividad de construcción residencial hacia actividades de rehabilitación que mejoren el entorno urbano y promuevan la sostenibilidad energética y la accesibilidad.
Finalmente, el cuarto recoge las disposiciones necesarias para el seguimiento y evaluación de la Ley, así como el Fondo de Economía Sostenible, que se configura como el instrumento financiero para su aplicación.
MEJORAS DEL PIB, LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO.
En cuando al análisis del impacto del Proyecto de Ley, la memoria que ha elaborado el Gobierno destaca que la amplitud del objetivo del proyecto da lugar a que los impactos generados sean también amplios y, en ocasiones, difíciles de cuantificar.
Sin embargo, sostiene que tanto la futura ley como la Estrategia de Economía Sostenible en la que se enmarca supondrán una mejora a largo plazo de la actividad económica, que se reflejará en aumentos del PIB, mejoras de la competitividad y aumentos del nivel y la calidad del empleo, entre otras variables.
En esta misma línea, asegura que tendrán un impacto presupuestario "directo" como consecuencia, principalmente, de las modificaciones llevadas a cabo en distintas figuras tributarias, así como un impacto positivo de género y en el medio ambiente.
232 MILLONES POR LA DEDUCCIÓN DE VIVIENDA.
Insiste en que es difícil cuantificar el impacto de la Ley, aunque el Gobierno sí arroja algún dato aislado. En concreto, asegura que Hacienda ingresará 232 millones de euros anuales por el recorte a partir de 2011 de la deducción por vivienda habitual en el IRPF, que afectará a 323.000 contribuyentes.
Además, espera que la estrategia diseñada hasta 2020, en la que se incluye la Ley de Economía Sostenible, permita reducir en un 50% las cargas administrativas, lo que generaría un aumento del PIB del 0,6%.
Asimismo, estima que de cumplirse el objetivo de incrementar la inversión en I+D hasta el 3% del PIB en 2020, supondría un crecimiento económico adicional del 0,79%, del 0,63% en el caso del consumo y del 0,79% en el de las exportaciones.
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