MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular ha hecho uso de su mayoría y el apoyo de UPN y Foro, para tumbar los cinco vetos presentados por el PSOE, el Grupo Mixto, CiU, Entesa de Progrés e ICV a la Ley de Deuda Comercial durante el debate de este miércoles en el Pleno del Senado. La única abstención ha sido la del PNV.
Por otro lado, se han presentado 105 enmiendas al articulado de la Ley, de las que cinco han sido planteadas por el PP, y el resto por el PSOE (18), CiU (26), Grupo Mixto (21) y la Entesa (35).
Entre las enmiendas presentadas por el PP se encuentra la posibilidad de que las entidades locales que cumplan los límites que fije la legislación de las haciendas locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento, puedan aplicar los remanentes o el superávit disponible en 2014, al no haberlo podido hacer en 2013 debido a la tramitación parlamentaria. Además, el Gobierno ha aprovechado esta Ley para devolver a los empleados públicos un día de asuntos particulares ('moscoso').
En defensa de la Ley, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado ante el Pleno de la Cámara Alta que dicha norma será una legislación "pionera en el mundo", a lo que ha añadido que va a ser también "un formidable avance de transparencia en términos de contratación con todas las comunidades autónomas".
"Esta Ley hará de España un país muchísimo más fiable sobre pagos y que evitará situación indeseales que se han producido en los últimos años, cuyas consecuencias aún estamos sufriendo", ha añadido.
LA LEY DESPUÉS DEL CONGRESO.
A su paso por el Congreso de los Diputados, la norma recibió el voto favorable del PP y de UPyD, mientras que UPN se abstuvo y el resto de las formaciones votaron en contra.
Según el texto que ha llegado al Senado, se obligará a todas las administraciones a publicar su periodo medio de pago (PMP) a los proveedores para que los ciudadanos puedan saber cuáles satisfacen sus deudas en el plazo previsto y cuáles son morosas.
Además, se crea un mecanismo coercitivo automático ante los incumplimientos de estos compromisos a través de la imposibilidad de emitir deuda o usar créditos presupuestarios, cambios en el plan de Tesorería o incluso el pago directo de la factura por el Estado, que luego detraerá la cantidad de las transferencias previstas en el sistema de financiación.
Por otro lado, incumplimiento de obligaciones financieras por parte de las administraciones públicas que provoque no sólo el incumplimiento de los compromisos de España con Bruselas, sino cualquiera contenido en tratados o convenios internacional, conllevará el reparto de ese coste entre los responsables. Lo mismo sucederá si el incumplimiento provoca una condena a España por parte de tribunales internacionales u órganos arbitrales.
