Asegura que no presentó enmienda de totalidad "por responsabilidad", pero ve "muy difícil" el acuerdo con el Gobierno
MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha amenazado este martes con dejar solo al PP en la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que este jueves pasará su primer trámite en el Pleno del Congreso con el debate de las enmiendas de devolución, al considerar que el Gobierno ha incumplido el acuerdo alcanzado entre ambos partidos el pasado verano y que desembocó en una reforma constitucional para introducir en la Carta Magna un límite de déficit y de deuda.
La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha recordado en rueda de prensa que la clave de la discrepancia se encuentra en la decisión del Ejecutivo de fijar en el 0 por ciento el límite de déficit estructural, frente al 0,4 por ciento que se acordó en agosto y que en la Ley de Estabilidad Presupuestaria se reserva únicamente para los casos excepcionales o para las grandes reformas estructurales que acometa la administración.
"Establecimos un tope del 0,4 por ciento de déficit estructural, e incluso fijamos qué parte correspondería al Estado y qué porcentaje a las comunidades, pero ahora el PP sólo lo contempla para casos excepcionales", ha explicado la diputada, quien también reconoce diferencias importantes en cuanto al camino de cómo llegar en 2020 a una situación en que la deuda no supere el 60 por ciento del PIB, y en cómo se impulsa la economía.
SIN ENMIENDA POR RESPONSABILIDAD
Pese a su discrepancia, los socialistas, sin embargo, no han optado por la vía de la enmienda, una decisión que Rodríguez ha justificado en la "responsabilidad" de su grupo para apurar los plazos con el objetivo de conseguir alcanzar un acuerdo antes del jueves.
"Vamos a agotar la negociación. Hemos tenido ya contactos con el PP y con el Gobierno para manifestarles el grave problema que tenemos porque no vamos a poder apoyar una ley que vulnera el pacto político que hemos firmado. Vamos a estar intentando el acuerdo hasta el último momento, pero estamos como estamos, con una posición de inmovilismo del Gobierno", ha argumentado.
Así, el PSOE reconoce que el acuerdo es "difícil" pese a que, según ha recordado la portavoz parlamentaria, el punto de conflicto "ya estuvo encima de la mesa y fue objeto de muchísimo debate" en las negociaciones mantenidas el pasado verano.
"(El ministro de Hacienda, Cristóbal) Montoro estaba también allí sentado, y llegamos al acuerdo de que necesitábamos un margen de déficit estructural. Él ya planteó entonces que el equilibrio debía ser cero, pero el acuerdo entre PP y PSOE es éste (0,4 por ciento), y ahora como ministro tiene que cumplirlo, máxime cuando el Pacto Fiscal de la UE no restringe este 0,4 sino que da un margen mayor de hasta el 0,5 por ciento", ha insistido.
Así las cosas, los 'populares' podrían acabar quedándose solos en defensa del proyecto de ley en la votación de este jueves, que coincide con la huelga general. A las previsibles enmiendas de devolución de IU-ICV-CHA, BNG y ERC, que ya se opusieron a introducir el principio de estabilidad en la Constitución, se unió también la de CiU, que en su momento no quiso participar en la votación de la reforma constitucional.
CIU, IU-ICV-CHA Y MIXTO
Desde CiU se justifica la enmienda en que el proyecto del Gobierno del PP "rompe" con el equilibrio de los tratados europeos que hablan de compaginar la estabilidad presupuestaria con el estimulo del crecimiento económico, pues creen que ese segundo pilar no está recogido.
Pero además, y según se informó a Europa Press en fuentes nacionalistas, hay reparos en cuanto al margen de maniobra de las comunidades pues los nacionalistas consideran que, si la UE permite a los Estados miembros flexibilidad sobre deuda, ese mismo trato deberían recibir las comunidades autónomas por parte del Estado.
Por su parte, la Izquierda Plural insiste en que las políticas del déficit cero se han demostrado inútiles para atajar la crisis económica pues "restringen sobremanera la capacidad del Estado para impulsar la economía asumiendo una función anticíclica y desarrollar el Estado social".
También ERC ha optado por la vía de la enmienda de devolución contra una normativa que, a su entender, "pretende trasladar a las comunidades autónomas y corporaciones locales la austeridad en gasto social impuesta por los mercados y los líderes políticos neoliberales de las economías estatales más ricas de la UE" y que además "podría alargar aún más la recesión económica".
Asimismo, el BNG ha presentado también su propia enmienda de devolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, alegando que la Ley de Estabilidad supone "renunciar al recurso del déficit como instrumento de política económica" y además, niega autonomía financiera a las comunidades a las que concibe como "una simple descentralización administrativa".
TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA
El proyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de marzo, y este jueves pasará su primer trámite en el Congreso, un día después de que se acabe el plazo también para la presentación de enmiendas parciales. Tras los debates correspondientes en la Cámara baja, pasará al Senado y luego volverá a la Carrera de San Jerónimo, donde será aprobado de forma definitiva.
Esta norma, que se deriva del acuerdo constitucional firmado por PP y PSOE, obliga a las administraciones públicas a mantener su deuda en un máximo equivalente al 60 por ciento del PIB y a tener déficit cero a partir del año 2020, un objetivo más estricto que el acordado pactaron este verano los dos partidos mayoritarios, fijado en un máximo del 0,4 por ciento para el déficit estructural.
Ahora, este límite sólo se permitirá para las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.
Para conseguir estos objetivos, el proyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.
El proyecto de ley contempla asimismo la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, algo que las formaciones de izquierdas rechazan, y además obliga a todas las administraciones a aprobar un techo de gasto, similar al de la Administración Central, un punto de discrepancia con los nacionalistas.
