BRUSELAS, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los expertos de los países de la UE han concluido este jueves las discusiones técnicas sobre el nuevo Tratado para reforzar la disciplina fiscal y han identificado las cuestiones políticas más sensibles que deberán ser acordadas por los ministros de Economía y por los líderes europeos en la cumbre que se celebrará a finales de mes, según han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.
La reunión de este jueves ha sido un "éxito" porque no serán necesarios más encuentros técnicos, pero no puede considerarse que hay un principio de acuerdo sobre el Tratado porque los problemas más políticos se dejan en manos de los jefes de Estado y de Gobierno, según las fuentes consultadas.
Precisamente, el encuentro se ha dedicado en su mayor parte a identificar estas cuestiones que tienen que ser tratadas por los líderes. Entre ellas se encuentra decidir si la 'regla de oro' de equilibrio presupuestario debe incluirse obligatoriamente en las Constituciones de los Estados miembros, como ha hecho España, o se contemplan alternativas más flexibles como sugieren Dinamarca o Irlanda para evitar referéndums.
También se tendrá que decidir cuántos países tienen que ratificar el Tratado para que entre en vigor. El primer borrador hablaba de 9, el segundo de 15 y el tercero de 12, cifra que podría ser la de consenso, aseguran las fuentes.
Estas cuestiones serán debatidas en primer lugar por los ministros de Economía de la UE el 23 y el 24 de enero y después por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre extraordinaria prevista inicialmente para el 30 de enero, pero que con toda probabilidad se cambiará para esquivar una huelga general convocada en Bélgica ese día.
Los 27 han suavizado el último borrador del Tratado de disciplina fiscal con el objetivo de que resulte aceptable para todos los Estados miembros, han reducido el papel de la Comisión y han incluido una cláusula para facilitar en el futuro que se sume Reino Unido, el único país que ha dejado claro hasta ahora que no participará.
El Parlamento Europeo lo considera "inaceptable" porque no garantiza una suficiente supervisión democrática y no incluye medidas para impulsar el crecimiento.
