MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP) se ha reunido este miércoles con varios grupos de la oposición en el Congreso para pedirles que promuevan un debate parlamentario y social sobre la necesidad de blindar el sistema público de pensiones y mantener su capacidad adquisitiva.
Según ha explicado a Europa Press Joan Cunyat, uno de los miembros de la plataforma, tras entregar a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, casi 400.000 firmas apoyando este objetivo --próximamente registrarán una nueva tanda hasta superar el millón de firmas--, la MERP cree que ha llegado el momento de trasladar el debate al Congreso.
Por eso, ha pedido a formaciones como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, Amaiur o Compromís --esta tarde se reunirán también con CiU y próximamente, esperan, con PSOE y PP-- que promuevan un debate parlamentario sobre la posibilidad de reformar la Constitución para "desarrollar" un derecho ya recogido en la Carta Magna como es "prohibir de forma explícita la privatización total o parcial del sistema público de pensiones, y garantizar su poder adquisitivo".
"Llevamos dos años trabajando para que, sin distinción de ideologías o siglas partidistas, nos unamos todos en el blindaje constitucional de las pensiones. Para ello proponemos un amplio debate ciudadano y un referéndum vinculante en el que la ciudadanía se posicione ante esto", ha precisado Cunyat.
FIRMAS COMO PRESIÓN
En este sentido, ha descartado la posibilidad de presentar una iniciativa legislativa popular (ILP), demasiado "constreñida a unos plazos determinados", confiando así en que sean los grupos políticos los que promuevan su petición, y ha explicado que la recogida de firmas pretende sólo ejercer una "presión social" de lo que, a su juicio, es "la voluntad del 90% de la población" con respecto al futuro de las pensiones.
Por eso el MERP ha entregado todas esas firmas a la Defensora del pueblo, que tiene la obligación constitucional de "defender a los ciudadanos de leyes injustas o de su aplicación injusta", como sucede actualmente con la normativa de pensiones, que conllevará un "empobrecimiento acelerado" de los jubilados españoles, tal y como el propio Gobierno reconoce al admitir que su previsión es gastar en 2060 "lo mismo" en esta partida que actualmente.
Un cambio en el sistema que "va en paralelo a una ofensiva de los planes privados de pensiones, que en España tienen un mercado absolutamente virgen" porque el sistema público ha proporcionado hasta ahora una protección suficiente a la ciudadanía ante la jubilación.
"Ahora lo que quieren los fondos privados es abarcar y acaparar ese mercado a costa de reducir y convertir el sistema público en algo puramente asistencial o prácticamente de caridad", cree la plataforma, que en estas circunstancias cree justificado iniciar un debate en el que "todas las posiciones puedan debatir en condiciones de igualdad" y que no se circunscriba únicamente a una "comisión de supuestos expertos nombrados por el Gobierno".
La Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones está integrada por unas 150 organizaciones sociales, culturales, sindicales y políticas, y cuenta con el respaldo, según sus responsables, de más de un centenar de personalidades públicas.
