Honduras supera la tercera revisión del acuerdo económico con el FMI por importe de 730 millones de euros

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Honduras y el equipo del FMI han alcanzado un acuerdo a nivel de personal técnico para concluir con éxito la tercera revisión de los acuerdos en el marco del Servicio de Crédito Ampliado (SCA) y el Servicio Ampliado del FMI (SAF), que se prevé que se someta a consideración del directorio ejecutivo del FMI en junio y que permite al país recibir un importe total desde 2023 de 830 millones de dólares (732 millones de euros).

A pesar de la incertidumbre mundial excepcionalmente elevada, el equipo y las autoridades coincidieron en que la economía hondureña sigue siendo resiliente y que los resultados de la política macroeconómica hasta finales de diciembre de 2024 fueron acordes a los objetivos del programa.

El organismo ha resaltado que el crecimiento sólido --del 3,6% en 2024-- continúa y la inflación permanece dentro del rango de tolerancia en torno al objetivo de inflación del Banco Central de Honduras (BCH).

Además, ha apuntado que las reservas internacionales han aumentado considerablemente, entre otras razones debido a la exitosa emisión de un bono soberano externo, desembolsos de la banca multilateral y ajustes de las políticas monetaria y cambiaria, que también han contribuido a moderar el crecimiento del crédito y a reequilibrar la economía. El aumento de las exportaciones de café y las remesas a comienzos de este año también han reforzado los ingresos de divisas.

MEDIDAS INMEDIATAS

Las autoridades hondureñas reiteraron ante el FMI su compromiso con una combinación de políticas macroeconómicas prudentes y su disposición a tomar medidas inmediatas para garantizar el éxito de su programa económico respaldado por el FMI. En un contexto mundial muy incierto, las conversaciones se centraron en la necesidad de permanecer alerta en las políticas y reformas para fortalecer la resiliencia de Honduras.

Así, se han comprometido a que la política fiscal seguirá siendo prudente para permitir la inversión y el gasto social necesarios. El presupuesto de 2025 apunta a un déficit del 1,5% del PIB y contempla un margen adicional para inversiones en carreteras, salud y educación y en el sector energético.

Las autoridades asimismo están trabajando para modernizar el marco de contratación pública, mejorar la planificación de la inversión pública y reforzar el proceso de ejecución del presupuesto, lo cual debería ayudar a limitar el tamaño de las cuentas por pagar.

Asimismo, el país se ha comprometido con las reformas del sector energético, que "siguen siendo fundamentales para apoyar el crecimiento económico a largo plazo", y a proseguir los esfuerzos para combatir la corrupción y mejorar el entorno empresarial.