MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) hace un llamamiento a la responsabilidad de las administraciones públicas y de las empresas con balances saneados y capacidad de financiación para que se sumen a la campaña de agilización de pago a proveedores para mejorar la liquidez de pymes y autónomos ante el impacto de la crisis del coronavirus.
Asimismo, la PMcM también exige un esfuerzo al Gobierno para que devuelva los IVAs pendientes de compensar y que "no obligue a las empresas a liquidar el IVA facturado y no cobrado, ha indicado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Como ejemplo ha citado a compañías como Naturgy, Telefónica, Vodafone y Bankinter, instituciones como la Autoridad Portuaria de Cartagena y el Puerto de Tarragona, y administraciones públicas como el Gobierno de Cantabria, los Cabidos de Tenerife y Lanzarote y sus CACT, y los Ayuntamientos de Sant Cugat, Sevilla, Murcia, Málaga, Fuengirola, Lugo, Vigo, Candelaria, y varios de la provincia de Castellón.
"Han dado un paso para contribuir a mermar, en la medida de lo posible, los efectos económicos negativos, pero debe ser una iniciativa que se tome de manera masiva para que tenga el resultado deseado a nivel global en nuestra economía", ha animado Cañete.
En este sentido, ha subrayado que las compañías "deben tener en cuenta que contarán con la línea de fondos de crédito ICO, que podría ser una referencia para poder hacer frente a las obligaciones de pagos, porque parece ser que será muy potente y muy fácil de acceder".
Respecto al sector público, Cañete recuerda que la PMcM recientemente ha instado al Gobierno a inyectar los 14.000 millones de euros pendientes de pago por las administraciones públicas, que "no tendría coste ni riesgo de impagos para las arcas públicas pero sí un efecto muy positivo e inmediato para el tejido empresarial".
En su opinión, "la economía es una asociación de flujos encadenados que no podemos parar, por lo que es fundamental inyectar liquidez", por lo que advierte de que "cualquier corte en la cadena de liquidez significa el cierre y la desaparición de la parte que se queda sin fondos".
En este sentido, insta a las administraciones que se aseguren que los contratistas pagan a su vez a los subcontratistas manteniendo la liquidez a lo largo de todo el ciclo de compras públicas".
