Ambas empresas evaden su responsabilidad argumentando que era el Gobierno de EEUU el contratista de la planta nuclear contaminante
MADRID, 17 Feb. (EP/AP) -
Un jurado federal del Distrito de Court, en la ciudad de Denver (Colorado, EEUU) decidió esta semana que las compañías químicas estadounidenses Dow Chemical y Rockwell International Corp. paguen un total de 553,9 millones de dólares (466,5 millones de euros) a los miles de habitantes y propietarios de tierras que sostienen que sus propiedades, además de ellos mismos, fueran contaminadas por el plutonio de la antigua fábrica de armas nuclear de Rocky Flats, situada unos 25 kilómetros al noroeste de esta ciudad.
La decisión del jurado concluye que las dos compañías dañaron las propiedades privadas cercanas a los alrededores de la planta por negligencias en el funcionamiento de estas instalaciones que hicieron que los habitantes y terrenos de la zona estuvieran expuestos al plutonio con el consiguiente riesgo y problemas para su salud. La deliberación del jurado ha tardado 18 días en producirse, tras más de cuatro meses de juicio.
La decisión de este Jurado afecta a al menos 13.000 personas, a las que, según ha quedado demostrado, se les perjudicó gravemente sus condiciones de salud por la producción de material radiactivo que tiene una vida activa de años.
El veredicto establece así que los daños y perjuicios punitivos aplicables a Dow Chemical ascienden a 110,8 millones de dólares (92,6 millones de euros) y de 89,4 millones de dólares (75 millones de euros) para Rockwell. El jurado también estableció que ambas empresas paguen aproximadamente 296 millones de euros por los daños y perjuicios actuales.
La multa económica final probablemente es menor a la que se produciría por este tipo de delitos en otro Estado o país debido a los límites que establece la ley estatal y federal, pero podría incrementarse después de que el juez repasase el veredicto del jurado, según explicó una de los abogados de los demandantes, Louise Roselle.
Hasta el momento no se ha producido una declaración clara en este sentido por parte de ambas empresas, cuyos abogados dejaron claro que el Gobierno "cubriría a las empresas en caso de cualquier daños o perjuicios según las estipulaciones legales porque el Estado era el contratistas que gestionó a través del Departamento de Energía esta planta cercana a Denver durante la conocida como 'Guerra Fría'".
La planta de producción, actualmente en desuso, fabricó durante décadas 'gatillos' de plutonio para cabezas nucleares antes de que fuera cerrada en 1989. La mayor parte de los más de 6.000 acres que rodean la zona fueron transformados en un refugio el pasado año y una empresa contratista se encarga actualmente del proyecto de limpieza que se alargará diez años y costará cerca de 7.000 millones de dólares (5.800 millones de euros).
Rockwell Internacional, con sede en Milwaukee, y conocida ahora como Rockwell Automation, y Down Chemical, con sede en Midland, Michigan, gestiaron separadamente la planta según sus respectivos contratos con el Gobierno. Dow gestionó la planta entre 1950 y 1975 y Rockwell, desde entonces hasta que la planta fue clausurada en 1989.
Lo que se les ha reclamado en el juicio es que ambas compañías "intencionadamente" gestionaron mal los residuos radiactivos generados en la planta y después trataron de encubrirlo. El abogado de la defensa, David Bernick, dijo que las reclamaciones que aludían a un encubrimiento eran "inconsistentes" y que esta contaminación fue "mínima" y no dañó ninguna propiedad ni terreno.
Tras el veredicto, Bernick señaló que el juez "incurrió en errores significativos durante la instrucción del jurado", quedando claro que durante el proceso se hizo evidente que el juez aplicaba "una interpretación extrema de la ley".
En 1992, Rockwell se declaró culpable y estuvo de acuerdo en el pago de una multa de 18,5 millones de dólares (15,5 millones de euros) por la contaminación de la calidad del agua y otras violaciones de leyes en Rocky Flats. Rockwell admitió que almacenó residuos peligrosos sin el permiso correspondiente en contenedores que dejaron escapar algunas cantidades que terminaron en los depósitos de suministro de agua potable a ciudades cercanas.
Esta sentencia culmina una larga investigación conocida como 'Operación Desert Glow' en la que agentes secretos del FBI midieron los niveles de polución de la zona durante años y la forma en la que se gestionaban los residuos en Rocky Flats. El 6 de junio de 1989 funcionarios del Departamento de Energía clausuraron la planta por la violación de varias leyes medioambientales.
