MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
La mina de extracción de hierro Las Encinas ubicada en la localidad mexicacana de San Miguel de Aquila, en el Estado de Michoacán (suroeste), y propiedad del conglomerado italiano Hylsa-Ternium, ha sido acusada de graves problemas de contaminación y afecciones a la salud de la población y sus recursos naturales, según denunciaron el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, José Sánchez Díaz, y los representantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en la región, Jesús Ramírez Verduzco y Teresa López Abúndez.
En una entrevista concedida al diario 'La Jornada' estos portavoces exigieron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SSEMARNAT) "dejen de hacer 'la vista gorda' y obliguen a la empresa a evitar y remediar el daño ambiental que ocasiona", ya que continúa vertiendo sus residuos químicos en un hoyo "que ni siquiera está recubierto, cerca de la mina, y cuando se llena lo bombean al río", lo que afecta también las aguas subterráneas, no sólo a las superficiales, además de al suelo.
Además, señalaron, "decenas de camiones que transportan mineral circulan todos los días por el río, contaminándolo de aceite y diesel, moviendo lodos y destruyendo árboles y vegetación diversa, que quedan enterrados bajo toneladas de tierra procedente de la explotación minera".
'PRESUMIR' DE ACCION SOCIAL
En su página web, la compañía "presume de su acción social empresarial" y asegura que "ha desarrollado una fuerte relación con las comunidades vecinas a sus centros productivos". Siguiendo los principios de estar "en armonía" con el Medio Ambiente y de ser solidario con el entorno, ha emprendido una serie de iniciativas de acción social, entre las que enumera la protección a las tortugas marinas que llegan a las costas de Colima, la promoción de la preservación ecológica y la limpieza "por medio de visitas a escuelas de las localidades donde tiene operaciones industriales".
El pasado 17 de enero, habitantes de Aquila realizaron una manifestación en la carretera que va a Coalcomán sin permitir el paso de los camiones que transportan el hierro, para exigir un incremento en el pago de los impuestos por la extracción del mineral y que cese la contaminación del río y del suelo y la destrucción de sus recursos naturales.
En una asamblea celebrada también en enero, estos habitantes exigieron a las autoridades que tomaran cartas en el asunto, "por ser ellos los encargados de mediar en el saqueo de la comunidad con engaño, dolo, alevosía y ventaja", y se pidió a PROFEPA y SEMARNAT la realización de un diagnóstico del impacto ambiental "que irresponsablemente la empresa ha causado, al usar químicos prohibidos para facilitar la obtención del mineral, contaminando el agua del río que provee a las comunidades de Aquila y Maquilí de agua potable y especies que sirven para alimentación".
En las negociaciones lograron que se instalara una mesa ambiental, en la que se acordó que la empresa aportaría 2,5 millones de pesos (205.000 euros) para reparación de daños, un millón (8.200 euros) para indemnizar a afectados directos y 1,5 millones de pesos (algo más de 12.000 euros) para la creación de viveros forestales y brigadas de reforestación.
Los portavoces de los afectados explicaron también que su intención es verificar si la empresa posee y hace uso realmente de las 23.600 hectáreas que dice explotar, ya que sospechan que se excede en más de 500. Para ello, contratarán a topógrafos que realizarán mediciones con GPS.