Pide aumentar a cinco años el plazo de prescripción de delitos fiscales y hasta 10 si se trata de responsables públicos
MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, ha presentado este viernes una batería de propuestas de reforma del sistema fiscal que pasan, entre otras cosas, por establecer temporalmente un recargo de tres puntos a la banca a través del Impuesto de Sociedades para que contribuyan a pagar el rescate financiero, así como debatir la posibilidad de crear un gravamen de Patrimonio a la holandesa (teniendo en cuenta el valor de mercado).
En rueda de prensa, Anchuelo ha señalado que el principal problema del sistema tributario actual es que son las rentas del trabajo y el consumo las que aportan la mayor parte de los ingresos, mientras que las personas con patrimonios elevados no pagan el porcentaje que les correspondería, vía por elusión o por evasión.
Por eso, la formación magenta considera apropiado acometer una reforma "en profundidad" del sistema fiscal, que no ha sido revisado desde los años 70 de manera integral. El objetivo a tener en mente ha de ser, a su juicio, conseguir una ampliación de las bases fiscales y simplificar el modelo, más allá de subir o bajar un tipo para conseguir más ingresos puntuales.
CINCO CAMBIOS BÁSICOS
En este marco, han presentado cinco proposiciones no de ley para su debate en el Pleno de la Cámara baja, en las que plantean, por ejemplo, la posibilidad de crear un complemento extraordinario de tres puntos que las entidades financieras deberán pagar durante diez años a través de Sociedades para contribuir al rescate financiero.
La elección del gravamen de Sociedades responde, según Anchuelo, a que es más difícil de repercutir sobre los clientes (y no como sucede cuando se tasan los depósitos) y además sólo se abona cuando hay beneficios, de tal manera que no se perjudique la recuperación del sistema.
Además, el diputado también ha avanzado la posibilidad de unificar los impuestos de Patrimonio y Renta siguiendo un modelo similar al de los Países Bajos, en el que se imputa una "rentabilidad teórica" al patrimonio de los ciudadanos para incluirlo en el IRPF. "Los patrimonios son relativamente fáciles de localizar, y habría un potencial recaudatorio importante", ha añadido.
REFORMAR EL IRPF
En concreto, UPyD plantea la posibilidad de modificar en la Ley del IRPF los capítulos de rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario, y de ganancias y pérdidas patrimoniales, para que su base imponible se determine a partir de su valor y no de las rentas percibidas, como sucede ahora.
En concreto, se propone establecer una base imponible mínima para los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario en un porcentaje del valor del patrimonio del contribuyente que "no provoque un aumento de la carga fiscal para la mayoría de los ciudadanos" --por ejemplo, un 3%--, y complementarlo con un tipo reducido para los bienes empresariales (2% por ejemplo) y un tipo incrementado para los activos en el exterior y otros "supuestos específicos".
Sobre la base así determinada se aplicaría un tipo impositivo progresivo de un rango más estrecho que el de la tabla general y con un máximo del 30%.
En esta reforma habría que evitar, alega la formación, que "las comunidades autónomas puedan modular a la baja los parámetros esenciales del impuesto" y su aprobación debería llevar aparejada la derogación definitiva del actual Impuesto de Patrimonio en las regiones donde aún se mantiene. También podría valorarse la deducción del IBI para no gravar doblemente el capital inmobiliario.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Con respecto a la lucha contra el fraude, UPyD presenta una iniciativa reclamando entre otras cosas la puesta en marcha de campañas de concienciación social y programas de educación cívico-fiscal y el fomento de la participación activa en la lucha contra el fraude. Asimismo, instan al Gobierno a dificultar la pérdida fraudulenta de la residencia fiscal española ampliando el ámbito geográfico de la actual norma de cuarentena.
También sugieren aumentar de cuatro a cinco años el plazo general de prescripción de delitos contra el fraude, y hasta diez años en caso como los excargos públicos. También reclama una inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado, directivo o representante de entidades mercantiles a los condenados por delitos fiscales especialmente graves.
Para la Agencia Tributaria, piden un nuevo estatuto que incluya la creación de una unidad especial encargada del control de los partidos políticos, reforzar los medios materiales y humanos, crear una Policía Fiscal, reforzar la coordinación de la Aeat con las agencias tributarias autonómicas, locales e internacionales, así como con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo; y armonizar todos los planes de control fiscal y "ligar el incumplimiento del plazo de duración de las actuaciones inspectoras con la consecuencia de la prescripción sobrevenida".
AMNISTÍA FISCAL
Con respecto a la 'amnistía fiscal', asunto que "no está cerrado" para UPyD, se propone recuperar la regulación aprobada en sede parlamentaria y luego rebajada por órdenes de menor rango legal, de tal manera que los defraudadores paguen efectivamente el 10% de los fondos aflorados, y no el 3% que suma lo recaudado finalmente según los datos del Ministerio de Hacienda.
"Es una opción, el Gobierno puede fijar las normas que le parezcan oportunas porque para eso es una medida excepcional", ha señalado Anchuelo al ser preguntado por la posible ilegalidad de esta medida si se intenta aplicar a rentas prescritas. Además, ha puntualizado que este cambio no supondría una aplicación retroactiva de la ley, sino la superación de los cambios que "el Gobierno hizo a posteriori", de cuya legalidad ha dudado.
Asimismo, la proposición incluye un punto pidiendo que se pongan a disposición de los inspectores de Hacienda todos los expedientes de la 'amnistía' y que se incluya su revisión en el Plan de Control Tributario 2013.
La quinta PNL de la formación magenta aboga por relajar los criterios necesarios para poder capitalizar la prestación por desempleo en un pago único para montar un negocio, de tal manera de que puedan optar a esta posibilidad otros colectivos más allá de los jóvenes.
