MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Fernando Andreu de imputar al ex secretario de Organización del PSM y antiguo miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid, Francisco Pérez, porque pudo haber "distraído" fondos de la entidad al haber utilizado su tarjeta 'black' para gastos personales.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Francisco Pérez, que rechazaba que su cliente pudiera ser investigado por administración desleal porque como integrante de la Comisión de Control no tenía el carácter de administrador, que exige el delito.
Los magistrados responden que Andreu diferenció en el auto del 28 de enero a los consejeros de Caja Madrid y Bankia que pudieron cometer un delito de administración desleal y apropiación indebida y a los directivos de ambas entidades a quienes atribuía este segundo ilícito.
En este sentido, los jueces señalan que Pérez pudo no ser administrador, pero sí le afecta la calificación alternativa sobre la posible comisión de un delito de apropiación indebida, dado que "con base en la denuncia pudiera haber utilizado la tarjeta para gastos personales, lo que supone la modalidad de distracción de fondos".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 imputó a 78 antiguos miembros del consejo de administración y exdirectivos de Caja Madrid, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato o el ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, por cargar gastos personales por valor de 15,5 millones de euros a sus tarjetas 'black' entre 1999 y 2012.
Andreu archivó en abril pasado la causa contra catorce exdirectivos porque estaba prescrita y en mayo sobreseyó el caso de otros doce exdirectivos, entre ellos el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, al entender que no puede atribuírseles un delito de administración desleal como a los exmiembros del Consejo de Administración y del Comité de Control, que aprobaron la concesión de los plásticos. A estos doce, les mantuvo como partícipes a título lucrativo del delito presuntamente cometido por los administradores.
