Aragón reclama al Estado la transferencia del 0,7% del tramo autonómico del IRPF para fines sociales

ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno acordó hoy solicitar al Gobierno central el ingreso del 0,7 por ciento de la parte de cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que corresponde a la Comunidad autónoma de Aragón al objeto de destinarlo a finalidades de interés social fijados por la propia Comunidad autónoma.

Así lo anunció el vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Esta petición tiene lugar después de que dos órdenes ministeriales hayan regulado la concesión de subvenciones y ayudas a entidades de interés social de carácter medioambiental y destinadas a programas de cooperación y voluntariado, sufragadas con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF dedicada a otros fines sociales.

La Comunidad autónoma entiende que el Estado ha regulado subvenciones cuya competencia es autonómica y otorga ayudas cuyos fondos proceden de la cuota cedida a las Comunidades autónomas para su financiación, que en la actualidad es del 33 por ciento, sin su previo consentimiento ni capacidad de participación, de forma que el Estado regula y gestiona subvenciones que incluyen partidas que deberían haberse trasferido a las Comunidades autónomas.

Por eso, el Gobierno de Aragón requirió hoy al Estado la transferencia del 0,7 por ciento del tramo autonómico del IRPF para fines sociales y una nueva orden de subvenciones que incluya sólo la parte estatal del 0,7 por ciento, respetando las competencias de la Comunidad autónoma.

En caso de que fracase el requerimiento previo, se autoriza el recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias de las dos órdenes ministeriales que regulan la concesión de subvenciones y ayudas a entidades de interés social de carácter medioambiental y destinadas a programas de cooperación y voluntariado.

Biel recalcó que el Ejecutivo aragonés planteará, inicialmente, un requerimiento al Estado "para buscar una salida amistosa, pero en caso de que éste no sea atendido presentará un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias".

El requerimiento recuerda que la Comunidad Foral de Navarra aprobó el pasado mes de junio una ley por la que regula la asignación tributaria del 0,7 por ciento de los contribuyentes de su Comunidad que destinan a fines de interés social en la que se fija el destino y los criterios, incluyendo fines no contemplados por el Estado como atención a desempleados o apoyo al desarrollo de la autonomía personal.

COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO SOCIAL

Por lo que se refiere a la orden ministerial que regula la concesión de subvenciones y ayudas destinadas a programas de cooperación y voluntariado, el Gobierno de Aragón recordó hoy que Estatuto de Autonomía de Aragón establece la competencia exclusiva en materia de servicios sociales a través del artículo 71, que se refuerza tras la reciente aprobación de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma.

Corresponde, igualmente, a la Comunidad autónoma de Aragón la competencia de fomento de la actividad que permite fijar los objetivos, procedimientos y gestión de las subvenciones territorializables de la administración central y de la Unión Europea.

El Estado argumenta, en la orden 1352/2009 de 26 de mayo, que pretende garantizar la igualdad de los ciudadanos "en un derecho que no está previsto de forma expresa en la Constitución", algo sobre lo que se ha pronunciado "reiteradamente" el Tribunal Constitucional en sentido contrario a que el Estado pueda establecer un régimen jurídico subvencional que afecte a competencias de las Comunidades autónomas, indicaron las mismas fuentes.

Asimismo, manifestaron que, sumado al conflicto competencial, "es necesario recordar que el Estado pretende gestionar subvenciones sufragadas, en parte, con fondos procedentes de las Comunidades autónomas".

SUBVENCIONES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

Por lo que se refiere a la orden de convocatoria de ayudas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de 5 de junio, que regula las subvenciones y ayudas para asociaciones declaradas de utilidad pública en proyectos que afecten a varias Comunidades, desde el Gobierno de Aragón señalaron que se trata de una competencia compartida.

Agregaron que al Estado corresponde únicamente la legislación básica, mientras que a la Comunidad autónoma corresponde el fomento de la actividad derivada del artículo 79 del Estatuto de Autonomía de Aragón, el desarrollo legislativo y ejecución, según el 75.3.

La única razón esgrimida por el Estado para atribuirse la competencia es el carácter supraterritorial, "pero existe reiterada jurisprudencia del Alto Tribunal en la que deja claro que deben establecerse mecanismos de participación de las Comunidades autónomas".

Este argumento está reforzado por el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que establece que la Comunidad autónoma debe ejercer sus competencias sobre la parte del objeto situado en su territorio sin perjuicio de los mecanismos de colaboración que se establezcan, subrayaron las mismas fuentes.

Al igual que en la anterior orden, el ministerio pretende gestionar un programa de ayudas con financiación que corresponde, en parte, a las Comunidades autónomas, concluyeron desde el Ejecutivo aragonés.