Bruselas propone simplificar y digitalizar la creación de empresas para que puedan operar en 48 horas

BRUSELAS, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una iniciativa para facilitar la creación de empresas en la Unión Europea que permitirá constituir sociedades en un plazo máximo de 48 horas y sin exigencia de capital mínimo, mediante procedimientos íntegramente digitales y con reconocimiento en todos los Estados miembro.

El denomimado 'régimen 28', introduce un sistema opcional que coexistirá con las legislaciones nacionales y permitirá a las empresas acogerse a un conjunto armonizado de normas, reduciendo las diferencias entre los marcos jurídicos de los Veintisiete, bajo una nueva forma jurídica de empresa a escala europea llamada 'EU Inc'.

La propuesta busca así simplificar la actividad empresarial en el mercado único, donde actualmente las compañías deben adaptarse a múltiples normativas nacionales y a decenas de formas societarias distintas, lo que, según advierte el Ejecutivo comunitario, encarece y retrasa su desarrollo.

"Durante demasiado tiempo, las empresas europeas han tenido que enfrentarse a la complejidad de 27 sistemas distintos para realizar trámites básicos como registrarse o expandirse a nuevos mercados. Han perdido tiempo y dinero en abogados, notarios o traducciones. EU Inc. pone fin a esta situación", ha subrayado el vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné.

Entre sus principales elementos figura la digitalización completa de los procedimientos, de modo que todos los trámites a lo largo del ciclo de vida de la empresa --desde su constitución hasta su liquidación-- puedan realizarse íntegramente en línea, sin necesidad de presencia física ni de documentación en papel.

En la práctica, el nuevo sistema permitirá registrar una empresa a través de una interfaz europea conectada a los registros mercantiles nacionales, de manera que la sociedad solo tendrá que presentar la información una vez y esa documentación podrá reutilizarse después para otros trámites administrativos.

Un ajuste que, según el comisario de Democracia, Justicia y Estado de derecho, Michael McGrath, "reducirá las cargas burocráticas y permitirá centrarse en hacer crecer el negocio", además de "facilitar la gestión de las empresas durante todo su ciclo de vida y contribuir a retener talento e inversión en Europa".

Ese intercambio automático de datos abarcará, entre otras gestiones, la obtención del número de identificación fiscal, el IVA, la inscripción ante la seguridad social y el registro de titularidad real, sin necesidad de volver a entregar los mismos papeles a distintas autoridades.

La Comisión prevé además crear en una segunda fase un registro central europeo para este tipo de sociedades, aunque los controles previos seguirán correspondiendo a las autoridades nacionales, ya sean administrativas, judiciales o notariales, que deberán resolver dentro del plazo previsto.

Además, fija un coste máximo de 100 euros para los procedimientos de constitución simplificados, siempre que se utilicen los modelos estandarizados definidos, lo que reduce significativamente el coste de entrada en comparación con los regímenes actuales.

Junto a ello, desaparece la exigencia de capital social mínimo, que podrá ser de cero euros, y también se permite emitir acciones sin valor nominal fijo, una fórmula con la que Bruselas quiere dar más flexibilidad a empresas que buscan financiación en fases tempranas o de crecimiento.

A cambio, la propuesta incorpora mecanismos de protección de los acreedores basados en pruebas de solvencia y de balance que deberán ser certificadas por los administradores antes de realizar distribuciones, según detalla la Comisión.

MENOS TRÁMITES Y MÁS FACILIDAD PARA CAPTAR INVERSIÓN

El reglamento también modifica varias reglas de funcionamiento interno con la idea de facilitar la entrada de capital, entre ellas la posibilidad de crear distintas clases de acciones con derechos económicos o de voto diferentes y la simplificación de las transferencias de participaciones.

Además, se elimina la obligación de recurrir a intermediarios en operaciones como las transmisiones de acciones, aunque las empresas podrán seguir utilizándolos si así lo desean, y se permite que estas sociedades accedan a bolsa con arreglo a las normas nacionales de cotización.

La propuesta incluye asimismo un sistema común de planes de acciones para empleados a escala europea y armoniza el momento en el que se aplica el impuesto sobre esos títulos, de forma que la tributación se produzca cuando se vendan y no antes, sin modificar por ello los regímenes fiscales nacionales.

PROCEDIMIENTOS DE CIERRE MÁS ÁGILES

Otro de los cambios relevantes afecta al cierre de empresas, ya que las startups innovadoras que adopten este régimen podrán acogerse a un procedimiento simplificado de insolvencia pensado para reducir tiempo y costes cuando el proyecto no salga adelante.

En esos casos, el criterio para iniciar el proceso será la incapacidad general para pagar las deudas a su vencimiento y la tramitación podrá hacerse con formularios estándar, comunicaciones electrónicas y, en determinados supuestos, sin abogado obligatorio.

La propuesta fija como referencia que ese trámite pueda cerrarse en seis meses desde la solicitud de apertura y prevé también subastas judiciales en línea para liquidar activos, conectadas a través del portal europeo de justicia electrónica.

SIN CAMBIOS EN FISCALIDAD NI EN DERECHOS LABORALES

Bruselas insiste en que esta nueva fórmula societaria no sustituirá a las formas nacionales ni alterará las normas sobre fiscalidad, derecho laboral o seguridad social, que seguirán aplicándose según el país en el que se gestione realmente la empresa o se preste el trabajo.

En este sentido, la Comisión subraya que el texto no podrá utilizarse para eludir derechos de los trabajadores y que se mantendrán también las reglas de los Estados sobre participación de los empleados en los órganos de dirección allí donde existan.

El texto incorpora además una lista de prácticas que los Estados miembro no podrán exigir a estas sociedades cuando operen en otro país de la UE, con el fin de evitar que se les impongan requisitos adicionales que no se pedirían a una empresa nacional equivalente.

Junto a la propuesta legislativa, la Comisión ha presentado otras medidas para digitalizar la relación de las empresas con las administraciones, ampliar el acceso a financiación y facilitar la movilidad del talento.

Entre esas iniciativas figuran el uso de una cartera digital empresarial europea, la revisión del marco de capital riesgo, posibles cambios para favorecer el teletrabajo transfronterizo en 'startups' y 'scaleups' y la recomendación de que los países estudien crear juzgados o salas especializadas para aplicar estas normas de forma más uniforme.

Según las estimaciones de Bruselas, el nuevo marco podría reducir cargas administrativas de entre 328 y 440 millones de euros en diez años y alcanzar unas 300.000 sociedades al cabo de una década, con alrededor de 1,6 millones de empleos asociados si su implantación gana escala.

La propuesta iniciará ahora su tramitación en el Parlamento Europeo y el Consejo, que deberán negociar el texto bajo el procedimiento legislativo ordinario, con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de finales de este año.