MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado la multa a Airbnb como la segunda mayor tras la impuesta a Ryanair de 108 millones de euros.
"Esta intervención supone la segunda mayor sanción impuesta jamás por una autoridad de consumo en España, después de la sanción de 108 millones de euros impuesta a la multinacional Ryanair", ha manifestado el titular del ramo en rueda de prensa este lunes para explicar la sanción de 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por anunciar pisos turísticos que no tienen licencia.
Al respecto, Bustinduy ha asegurado que dicha sanción ya ha sido notificada a la multinacional.
"Airbnb tendrá el derecho si lo estima conveniente de recurrir ante la Justicia, pero esta sanción es firme y por tanto la compañía tendrá que pagar esta multa", ha comentado.
VA A "SEGUIR ACTUANDO CON TOTAL DETERMINACIÓN"
En este sentido, Bustinduy ha añadido que desde el departamento que encabeza van a "seguir actuando con total determinación para erradicar esos comportamientos".
"Y creo que las actuaciones de las que damos notificación hoy son una buena muestra de ello, de la voluntad férrea de este Ministerio de salvaguardar y proteger el derecho constitucional a la vivienda, erradicando las prácticas especulativas y lesivas que están asfixiando a las familias trabajadoras en España", ha argumentado.
Ha hecho hincapié en que, de este modo, el Ministerio "refuerza su tarea de control y sanción frente a las prácticas abusivas en el ámbito de la vivienda", que ha constituido una "prioridad absoluta" de la cartera en esta legislatura.
GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA VIVIENDA
"Es también una demostración de que cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún actor económico puede eludir sus obligaciones", ha indicado, señalando que van a "defender los derechos de los consumidores en todos y cada uno de los ámbitos económicos sin importar lo grande o poderosa que resulte ninguna empresa que pueda resultar implicada en prácticas abusivas o fraudulentas".
El titular de la cartera de Consumo ha aprovechado la ocasión también para enviar un mensaje "muy claro a todos los operadores económicos que intentan lucrarse en el mercado de la vivienda a expensas del derecho constitucional de los ciudadanos de España".
"En este país se va a cumplir la ley y no hay empresa por grande o poderosa que sea que pueda desarrollar un modelo de negocio que esté al margen de la ley y, especialmente en el ámbito de la vivienda, es fundamental que los poderes públicos hagamos cuanto esté en nuestra mano para garantizar el derecho constitucional a la vivienda", ha apuntado.
PRORROGAR LOS CONTRATOS DE ALQUILER
En este contexto, el de Sumar ha recordado que hace ya más de dos meses que plantearon a su socio de Gobierno, el PSOE, la necesidad de prorrogar los contratos de alquiler que vencen el año que viene.
"Más de 600.000 contratos de alquiler que afectan a 1,6 millones de compatriotas, contratos que se suscribieron después de la pandemia", ha detallado, subrayando que, a su juicio, es una "obligación proteger a estos ciudadanos y es incomprensible que no se haya hecho ya".
Así, Bustinduy ha instado de nuevo al Gobierno "a actuar y hacerlo ya, sin más dilaciones y sin más excusas, ya que es una urgencia y no existe ningún argumento que justifique no intervenir en este sentido".
"Nosotros tenemos muy claro para qué estamos en el Gobierno y a quién servimos", ha concluido, zanjando que cree que "es hora de que ese mismo espíritu se plasme en decisiones concretas y valientes y que se prorroguen los contratos de alquiler que vencen el año que viene".