BRUSELAS, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea confirmó hoy el envío de un escrito al Gobierno español en el que "informa formalmente" sobre los resultados preliminares de su análisis de las condiciones que impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la OPA de E.ON sobre Endesa y que concluyen que "la mayoría" de ellas "violan" la legislación comunitaria en materia de competencia.
El Ejecutivo comunitario "invitó" a las autoridades españolas a responder a "este análisis preliminar" en una fecha "no más tarde del 4 de septiembre.
"La mayoría de las condiciones impuestas a E.ON por el regulador español de la energía comportan serias dudas sobre su compatibilidad con la ley comunitaria", indicó la Comisión en un comunicado, que alude al artículo 21 del reglamento de fusiones, que contempla que si una operación tiene carácter comunitario -tal y como ya determinó Bruselas en el caso de la operación de E.ON sobre Endesa- "los Estados miembros se abstendrán de aplicar su normativa nacional en materia de competencia a las concentraciones de dimensión comunitaria".
En concreto, el Ejecutivo comunitario considera en su "análisis preliminar" que "estas condiciones violan las reglas del Tratado de la UE sobre libre movimiento de capital (artículo 56) y la libertad de establecimiento (articulo 43), debido a que no están justificadas con arreglo a la seguridad pública y que en ningún caso son ni necesarias ni proporcionadas para la protección de la seguridad pública".
El escrito que envío la Comisión al Gobierno este viernes se basa en el estudio del documento de 400 páginas que le remitió Madrid dos días después de que la CNE aprobara la OPA de E.ON sobre Endesa, fijando 19 condiciones que implicaban la desinversión de activos nucleares, de carbón, insulares y extrapeninsulares de la eléctrica española.
Antes de terminar el análisis, Bruselas ya remitió el pasado 3 de agosto a Madrid otra carta en la que pedía algunas "aclaraciones" sobre algunos de estos requisitos para poder concluir el análisis preliminar que este viernes dio lugar a la determinación de que la resolución de la CNE no es compatible con la legislación comunitaria.
