El coste del retorno de envases de Valencia será de 170 millones para la distribución y el comercio

Actualizado: jueves, 27 octubre 2016 13:48

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coste del Sistema de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) de envases que la Comunidad Valenciana quiere implantar tendrá un coste de 170 millones de euros para la distribución y el comercio, que se han mostrado en contra de esta iniciativa.

El consejero delegado de Ecoembes, Oscar Martín, ha calificado el sistema de "despropósito", ya que hará encarecer de forma "muy importante" la cesta de la compra, porque los envases se van a encarecer cinco céntimos de media, además de la inversión que deberán hacer los comercios para tener las máquinas.

Aecoc, Anged, Aces y Asedas también se han opuesto de forma tajante a esta iniciativa, ya que provocará pérdidas muy fuertes para el sector de la distribución, además de para el consumidor.

El cliente tendría que abonar 10 céntimos por cada uno de los envases al comprar el producto, pero lo recuperarían después en un ticket al devolverlo en uno de estos depósitos, mientras que los comerciantes recibirán 2 céntimos de bonificación en compensación, una cantidad que no cubre los gastos de la inversión que tendrán que realizar.

Desde Ecoembes recuerdan que el envase para las devoluciones debe de estar en "perfectas condiciones" para que la máquina lo pueda leer, pero si no cumple el "comercio nunca recuperaría el dinero que ha adelantado". El sistema de depósito sólo aceptará envases de refrescos, aguas y cervezas inferiores a 2 litros de materiales de acero, aluminio y 'pet' (plástico) y sólo 20 envases por persona.

"No podemos mercantilizar el acto cívico de reciclar. Los comercios se dedican a vender productos y no a gestionar residuos. Este es un modelo que no aporta valor y supone extra costes brutales. El objetivo es reciclar más y mejor", ha recalcado Martín, que ha subrayado que el sistema actual de España funciona.

De esta forma, las estimaciones del sector para Valencia sería de 170 millones de euros, mientras que en el caso de que esta normativa se trasladara a España el coste alcanzaría los 970 millones de euros, entre costes de amortización de infraestructuras y operativos.