La firma concluyó el pasado año el proceso de disolución que comenzó en 2013, según un informe del Tribunal de Cuentas
MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS9
La constitución y posterior disolución de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA) - , que se lanzó en 2005 con el fin de fomentar el arrendamiento de viviendas, ha costado 54,17 millones de euros a las arcas públicas.
Así lo desvela un informe del Tribunal de Cuentas que indica que la liquidación de esta firma concluyó finalmente en 2018, cinco años después de que iniciara su fase de disolución en 2013.
No obstante, la última fase de este proceso, la inscripción de su extinción en el Registro Mercantil tuvo lugar ya en enero de este año 2019.
De esta forma, el proceso de liquidación de la SPA casi se ha extendido por un periodo de tiempo similar al de los ocho años de 'vida' de esta firma, si bien en los útimos ya no tuvo actividad.
En un informe de fiscalización de la Sociedad Estatal del Suelo (Sepes), ente del Ministerio de Fomento que lanzó la SPA, el Tribunal de Cuentas indica que esta firma fue constituida con un capital social de 20 millones de euros para acometer medidas de impulso al alquiler de vivienda.
No obstante, estos recursos "se agotaron rápidamente y Sepes tuvo que realizar aportaciones y préstamos participativos para mantener su equilibrio económico y financiero".
De esta forma, la entidad había aportado a la SPA 43,17 millones cuando se celebró la junta general de accionistas de la firma en que se acordó su disolución. A este importe es preciso sumar el de 11 millones aportado posteriormente para cubrir los gastos de la propia disolución.
En cuanto a esta fase de liquidación, se ha dilatado en el tiempo dada la necesidad de resolver relaciones jurídicas, procesales y económicas que tenía pendientes.
PLEITOS.
En concreto, y según el Tribunal de Cuentas, los principales problemas que afrontó el liquidador lo conforman los 174 pleitos civiles que tenía sin resolver en 2012 y que fueron archivados definitivamente en 2017.
Asimismo, también tuvieron que rescindirse los convenios que la SPA había firmado con otras administraciones públicas y organismo como son el IVIMA, la Junta de Extremadura o la propia Tesorería de la Seguridad Social, entre otros.
Además, la liquidación de la SPA conllevó juicios laborales por los despidos de quince empleados que los impugnaron, que finalmente concluyeron con su desestimación en 2014, y la impugnación del despido de la propia director general de la firma que, no obstante, en este caso concluyó con una condena a la sociedad.
De igual forma, en 2017 se resolvieron cuatro procesos judiciales abiertos por las demandas que presentaron propietarios de viviendas a los que se rescindió el contrato de arrendamiento en 2009.
Según el Tribunal de Cuentas, la sociedad pública Sepes "ha asumido todos los gastos de este proceso de liquidación", que cifra en los referidos 11,01 millones de euros, monto desembolsado como aportación económica extraordinaria a petición justificada por el liquidador.
De esta forma, el informe concluye que el coste total que ha supuesto para Sepes, y por ende para las arcas públicas, la creación y extinción de la SPA se eleva a 54,17 millones de euros.
