El Defensor del Pueblo denuncia que la vivienda es "un derecho constitucional de difícil consecución"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, asegura que las quejas

ciudadanas recibidas en la institución "ponen de relieve que el

acceso a la vivienda para la población con menos recursos económicos

es un derecho constitucional de difícil consecución".

Según Múgica, "como en ejercicios anteriores, se ha vuelto a

confirmar que las dificultades de acceso a una vivienda es una de las

cuestiones que más preocupa a las familias, que deben destinar una

importante parte de sus recursos a la adquisición de este bien como

consecuencia del incremento constante de su precio".

El precio de la vivienda se incrementó un 58 por ciento entre 1996 y

2001, según reconoció el pasado miércoles en el Congreso el ministro

de Fomento, y un 14 por ciento en el último año, según los datos

hechos públicos por Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa).

En este sentido, el Defensor del Pueblo destacó cómo la vivienda

sigue representando un importante porcentaje del total de quejas que

la institución recibe. Asimismo, subrayó la coincidencia sobre los

problemas planteados al respecto, entre los que mencionó "las

dificultades de acceso a la vivienda, en especial para determinados

sectores de la población, como son familias con escasos recursos,

jóvenes o inmigrantes, así como las demoras en el pago de ayudas

económicas para adquisición o rehabilitación de viviendas".

Así, el Defensor del Pueblo, en declaraciones a la revista de los

aparejadores y arquitectos técnicos "Cercha", recogidas por Europa

Press, recordó que los planes estatales de vivienda constituyen "unos

de los principales instrumentos para que los grupos sociales

económicamente más débiles puedan hacer efectivo su derecho a la

vivienda digna y adecuada que consagra el artículo 47 de la

Constitución. "Por ello, si no consiguen que se fomente la

construcción de viviendas protegidas o no se corrigen los fallos en

el mercado de viviendas en alquiler, no puede predicarse el éxito" de

dichos planes, aseguró.

Múgica coincidió además con los expertos del sector en que la

normativa autonómica y local sobre suelo y urbanismo constituye una

de las principales causas del encarecimiento de la vivienda dado que,

según argumento, el Tribunal Constitucional les otorga la competencia

exclusiva en la materia "otorgándoles la capacidad de definir su

propio modelo urbanístico, permitiendo que el legislador estatal

únicamente fije los criterios de clasificación de suelo".

En el caso concreto de los ayuntamientos, la institución denunció

"las frecuentes prácticas especulativas que en ocasiones impulsan las

propias administraciones locales como forma de financiación". Por

ello, resaltó "la necesidad de que, por un lado, se eliminen algunos

de los procedimientos que actualmente utilizan los entes locales para

proporcionar ingresos a las arcas municipales a través de la venta

del suelo y, por otro, se actúe sobre las haciendas locales con el

fin de incrementar las disponibilidades presupuestarias de los

ayuntamientos".

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20-Oct-2002 12:57:04

(EUROPA PRESS)

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