BRUSELAS, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los Gobiernos de la UE y la Eurocámara han acordado abrir formalmente el próximo 4 de noviembre la negociación final para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la regulación del sector de las telecomunicaciones. Pero persiste el desacuerdo sobre el punto que hizo naufragar el acuerdo la pasada legislatura. El Parlamento Europeo reclama que se exija una autorización judicial previa para cualquier corte del acceso a Internet por descargas ilegales, una condición que los 27 rechazan.
Las dos instituciones tienen ahora un plazo de entre seis y ocho semanas, hasta el 20 de diciembre, para lograr un compromiso. En caso contrario, la reforma se abandonará definitivamente y los trabajos deberán empezar desde el principio con una nueva propuesta de la Comisión.
Durante las últimas semanas, el equipo negociador del Parlamento --formado por el vicepresidente y eurodiputado del PP, Alejo Vidal-Quadras, la socialista francesa Catherine Trautmann y el conservador alemán Herbert Reul-- han mantenido varias reuniones informales con la presidencia sueca para preparar el procedimiento de conciliación final pero sin lograr avances.
""Vamos a las negociaciones con espíritu de compromiso pero firmes en nuestra defensa de los derechos de los usuarios y comprometidos en el desarrollo de un marco regulatorio que incentive las inversiones y facilite la apertura del mercado. Haremos lo posible por alcanzar una buena solución, pero el Consejo de ministros ha de entender que el Parlamento defenderá sin vacilaciones las libertades de los ciudadanos a los que representa", afirmó Vidal-Quadras tras la última de estas reuniones preparatorias que se celebró este jueves.
"Sería una pena no alcanzar un acuerdo con el Consejo que haría fracasar todo un paquete legislativo en el que el Parlamento ha trabajado durante más de dos años para conseguir grandes avances", insistió el vicepresidente de la Eurocámara, según informó el PP en un comunicado.
Los Gobiernos alegan que el requisito de necesitar una decisión previa de un juez implica que esta legislación estaría armonizando los sistemas constitucionales y jurídicos de los Estados Miembros lo que va más allá de las competencias comunitarias. Por su parte, la Eurocámara considera imprescindible fijar esta garantía para evitar que las autoridades "tomen decisiones arbitrarias que vulneren los derechos de los internautas", dijo Vidal-Quadras.
La principal novedad de la reforma que se encuentra paralizada era que se facultaba a los reguladores nacionales para que puedan forzar a los operadores históricos, como Telefónica, a separar funcionalmente el departamento de servicios de la gestión de la red en caso de problemas de competencia. Esta medida sólo se podría aceptar en casos excepcionales, cuando no hayan servido otras recetas.
También se creaba un Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, de talla mucho más reducida que la Autoridad que había propuesto Bruselas, que estaría integrado por los 27 directores de los reguladores nacionales. Su papel sería meramente consultivo.
Los Estados miembros y la Eurocámara rechazaron la pretensión de Bruselas de arrogarse nuevos poderes para poder vetar las medidas correctivas dictaminadas por los reguladores nacionales (como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el caso de España) cuando se detectan problemas de competencia en algún mercado. Las autoridades nacionales seguirán teniendo la última palabra en estos casos.
Finalmente, el nuevo marco incluía nuevos derechos para los consumidores, como la prohibición de contratos superiores a los dos años de duración o la obligación para las operadoras de permitir a los clientes cambiar de compañía conservando el mismo número de teléfono en un plazo máximo de un día. Las operadoras tendrán la responsabilidad de luchar contra los virus y el 'spam' y de notificar a los clientes los fallos de seguridad que detecten.
