SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los servicios jurídicos de Cajasol han iniciado el procedimiento para recurrir por la vía contencioso administrativa la sanción de 140.000 euros impuesta por la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, por supuesta invasión del espacio aéreo por parte de la Torre Pelli, toda vez que consideran que "se ha actuado según la normativa municipal vigente".
El Ministerio de Fomento, a través de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), ha sancionado con 140.000 euros a los promotores de la Torre Cajasol, diseñada por César Pelli, por "incumplir el ordenamiento jurídico y los requisitos exigibles en materia de seguridad", según ha anunciado este miércoles la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Ante esto, fuentes cercanas a la entidad han indicado a Europa Press que la sociedad promotora de la torre, Puerto Triana --participada en su mayoría por Cajasol-- ha iniciado el procedimiento para recurrir la sanción de AESA, un recurso que se presentará por la vía contencioso administrativa.
Las fuentes han indicado que la sanción de AESA se centra en que "no hubo petición ni solicitud ni autorización a AESA ante una presunta invasión de la zona de servidumbre aeronáutica".
Las fuentes cercanas a la entidad consultadas apuntan que "se ha actuado según la norma, puesto que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, aprobado por el anterior equipo de gobierno municipal "determinaba que no había servidumbre aérea en esa zona, por lo que no era necesario pedir los permisos a AESA para edificar la torre".
Esas mismas fuentes aseguran que "la solicitud de autorización a AESA por invasión del espacio aéreo no le corresponde hacerla a la entidad promotora de un edificio sino que debía hacerlo el Ayuntamiento de la ciudad en que se construye estos edificios de altura" y han agregado que "en este caso el anterior equipo de gobierno municipal del Consistorio sevillano entendía que no había que pedir ningún tipo de permiso ni autorización".
El origen de este problema radica en que el PGOU del Ayuntamiento de Sevilla de 2006 "no cumplía los preceptos establecidos en materia de seguridad aérea al no recoger la obligación de informar a las autoridades aéreas de los edificios de altura".
