MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
Las cooperativas agroalimentarias podrán realizar actividades diferentes de su objeto social siempre y cuando éstas no superen el 25% del volumen total de su actividad, según se recoge en una de las diez enmiendas que el PP ha registrado en el Congreso al proyecto de ley de Fomento de la integración de cooperativas y de
otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Según la enmienda, que recoge Europa Press, se modifica la Ley de Cooperativas de 1999 para "concretar si una actividad puede ser considerada como propia de la cooperativa agroalimentaria", especificando "en base a la experiencia y necesidades del medio rural" qué actividades son generadoras de actividad económica y de empleo en beneficio de la población agraria y 3el medio rural.
"En numerosos casos, las cooperativas son la única organización privada con una masa social relevante establecida en su núcleo de población, por lo que pueden también asumir otras funciones vinculadas a cuestiones tecnológicas, sociales, asistenciales ,etc.", recuerdan los 'populares'.
Por ello, precisan que se puedan tener en cuenta como actividad propia de la cooperativa los "servicios y aprovechamientos forestales, servicios turísticos y artesanales relacionados con la actividad de la cooperativa, asesoramiento técnico de las explotaciones de la producción, comercio y transformación agroalimentaria, y la conservación y recuperación del patrimonio y de los recursos naturales del medio rural".
Eso sí, el volumen de estas operaciones no podrá exceder en ningún caso del 25% de la actividad total de la cooperativa, dado que se trata de operaciones "accesorias o complementarias" a su verdadero objeto social si se quieren seguir considerando cooperativas agroalimentarias.
COOPERATIVAS PRIORITARIAS
Por otra parte, los 'populares' han presentado una enmienda para eliminar la previsión de que los estatutos de las cooperativas figure que será causa de baja el que un productor o una entidad integrada en estas organizaciones prioritarias no entregue la totalidad de su producción para su comercialización en común.
Según el PP, quien pasado el periodo de transición no cumpla con esta obligación perderá la calificación de prioritario, pero eso "no debe afectar ni a la entidad asociativa ni a los miembros de la misma que cumplan con dicho requisito". Además, se reconoce así que puede haber "causas justificadas" que expliquen ese incumplimiento, por lo que "corresponde al Consejo Rector de la Cooperativa liberar de dicha obligación al socio en la cuantía que proceda y según las circunstancias que concurran".
De esta manera se busca evitar expulsiones que "pueden perjudicar aún más" tanto a la cooperativa como al asociado que, "en todo caso, dejará de ser prioritario", con la consecuente pérdida de los beneficios que pudieran corresponderles. La expulsión quedará así en manos de los órganos rectores de la organización, que deberán precisar en sus estatutos el régimen sancionador ante este tipo de situaciones.
Estos mismos estatutos deberán "contemplar las necesarias previsiones para garantizar a sus asociados el control democrático de su funcionamiento y de sus decisiones, así como para evitar la posición de dominio de uno o varios de sus miembros", según se precisa en otra propuesta de modificación.
En cualquier caso, los 'populares' matizan en otra enmienda que cuando se den estas circunstancias, la cooperativa prioritaria deberán "someterse a un nuevo procedimiento de reconocimiento para determinar que, contando exclusivamente con las entidades que sí entregan la totalidad de su producción, cumple el conjunto de condiciones" establecidas para ser considerada prioritaria y poder mantener dicha condición.
BENEFICIOS DE LOS PRIORITARIOS
Entre los beneficios de las cooperativas prioritarias que recoge la ley figuran, entre otros, la preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas en materia de inversiones materiales o inmateriales para mejorar los procedimientos de gestión y comercialización, en el acceso a actividades formativas y de cooperación; en materia de internacionalización, promoción e I+D+i; o en el acceso a las líneas ICO de financiación preferente.
Sin embargo, el PP ha decidido sacar finalmente de estos beneficios la prioridad en la contratación de pólizas asociativas de seguros y en las contrataciones de coberturas específicas que puedan establecerse en el marco del Sistema de Seguros Agrarios Combinados, si bien se mantiene esta posibilidad para las diferentes entidades que componen la cooperativa, siempre que las soliciten de forma independiente a la organización.
Además, la enmienda prevé que los productores a título individual tengan prioridad en la concesión de subvenciones y ayudas para mejorar su competitividad y orientar su producción al mercado en el marco de la cooperativa de la que formen parte, respecto a los productos para los que ha sido reconocida como prioritaria, y "en cualesquiera otras que para estos mismos fines reglamentariamente se determine".
No obstante, las bases de cualquier convocatoria deberán "garantizar que no existirá discriminación en el acceso a las ayudas y subvenciones destinadas a las entidades y productores, con independencia de cuál sea la organización, entidad o asociación a través de la cual sean tramitadas o gestionadas".
Finalmente, los 'populares' recogen en dos enmiendas sendas precisiones sobre los fines de la Ley de Fomento del cooperativismo. Así, el objetivo de la norma es fomentar la fusión o integración de cooperativas agroalimentarias y otras entidades mediante la constitución o ampliación de organizaciones asociativas "de suficiente dimensión económica", para lo cual se podrán instrumentar las medidas necesarias en aras de conseguir un tamaño adecuado "relevante".
Además, se elimina la referencia a los tipos de cooperativas u organizaciones que se favorecerán y se precisa que "el único incentivo" será que trabajen para "mejorar su posición en el mercado y su participación en el proceso de valorización y comercialización de sus productos".
