SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las industrias desmotadoras españolas iniciarán en este mes la vía judicial, mediante la presentación de demandas individuales por parte de las industrias afectadas ante el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo, después de cerrarse la vía administrativa, ya que la Comisión Europea decidió desestimar las reclamaciones presentadas ante las pérdidas económicas causadas por la aplicación del régimen de ayudas al algodón.
La CE desestimó las reclamaciones presentadas por las industrias desmotadoras españolas sobre la responsabilidad extracontractual del Consejo y de la Comisión por los daños y perjuicios causados a esta industria debido a la aplicación durante la campaña 2006-2007 de la reforma del régimen de ayudas al algodón, un sistema que había sido anulado por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo el pasado 7 de septiembre.
Según explicó a Europa Press la presidenta de la Agrupación Española de Desmotadoras de Algodón (AEDA), Elena Sáenz, a medida que se vayan notificando las desestimaciones y denegaciones a cada una de las 17 reclamaciones presentadas por otras tantas industrias, un proceso se que se iniciará a finales de este mes hasta primeros de julio, cuando acaba el plazo para que las empresas formalicen las demandas.
Estas demandas, de carácter individual, deben formalizarse en el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo, donde se presentarán reclamaciones de daños similares a las presentadas por la vía administrativa, aunque con más fundamentos jurídicos.
Sáenz reconoció que el proceso judicial abierto puede durar hasta cuatro años, por lo que si el proceso se prolonga y sigue sin modificarse el reglamento de ayudas anulado, "en marzo o abril del próximo año debemos ampliar la demanda añadiendo los daños que se causen en la próxima campaña".
Las desmotadoras, que se concentran en Andalucía, donde se halla el 95 por ciento de la producción de algodón, cifraron en 25 millones de euros las pérdidas registradas en la pasada campaña derivadas de la aplicación de la reforma del sistema de ayudas comunitarias, por lo que presentaron las reclamaciones ante la UE con la idea de pedir compensaciones por los efectos "lesivos" que ha provocado en el sector la aplicación de la reforma comunitaria del algodón.
Recordó que la nueva reforma que se plantee "tiene que cumplir lo dictado por la sentencia en cuanto a que debe contemplar la viabilidad de la industria desmotadora".
