MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones españolas de agencias de viajes, Amave, Ucave, Agavi, Avibe, Aevav, Aedav y Acav han presentado a mediados de enero una serie de alegaciones al anteproyecto de ley sobre la directiva Bolkestein ante la Subdirección General de Comercio Interior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Según recuerdan dichas asociaciones, a partir de diciembre de 2009 el ordenamiento jurídico español incluirá la Directiva europea 2006/123 CE, la Directiva Bolkestein, que regula el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios.
El objeto del anteproyecto es establecer las disposiciones y principios necesarios para garantizar el libre acceso y el ejercicio de las actividades de servicios, realizadas en territorio español por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.
Tras analizar el contenido de este anteproyecto, las asociaciones de agencias de viajes han encontrado que, al abordarse la trasposición de la nueva ley mediante la elaboración de una "ley horizontal" no se ha tenido en cuenta las necesidades y particularidades propias del sector de las agencias de viajes.
"Las asociaciones firmantes consideran que la transposición de esta directiva a nuestro ordenamiento jurídico no va a suponer como se pretende una oportunidad para mejorar el nivel de calidad de los servicios, por lo menos en lo que hace referencia a los servicios turísticos, debido a la ausencia de mecanismos de control efectivos poco definidos en el redactado del anteproyecto", destaca la nota.
Las asociaciones señalan que la eliminación de trámites y regimenes de autorizaciones establecida en el anteproyecto, aunque facilitará el libre acceso, también contribuirá a que "profesionales de toda índole" accedan a la prestación de servicios turísticos, sin conocimientos ni especialización lo "que en nada contribuirá a incrementar la calidad sino al desprestigio de la actividad desarrollada por los agentes de viajes".
Asimismo la liberalización que se pretende con esta normativa pone, a juicio de los firmantes, en "grave riesgo" la protección de los derechos de los consumidores, por el cual se considera imprescindible se preserve un régimen de autorización en lo que respecta al sector de las agencias de viajes que otorgue a los consumidores "seguridad" en relación a los prestadores de servicios turísticos con los que contraten.
Las agencias han presentado alegaciones con respecto a la prestación de servicios, a la simplificación administrativa, a los regímenes de autorización, a la cooperación administrativa, a la creación de una ventanilla única, a la política de calidad de los servicios y a las obligaciones de los prestadores en materia de reclamaciones.
Por último, las asociaciones mostraron su "inquietud" por la no mención en el anteproyecto de la capacidad sancionadora de la administración española "en los casos de incumplimientos de los prestadores de servicios diferentes de la obligación de información", lo que provoca una "clara indefensión" de los consumidores que podrían tener que recurrir al país donde esté establecido el prestador en casos por ejemplo de incumplimiento contractual o quiebra.
