BRUSELAS, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha puesto este lunes en marcha una consulta pública para que los Estados miembros den su opinión sobre el régimen específico aplicable a las ayudas estatales al sector naval, para evaluar si conviene mantener, revisar o derogar las reglas actuales. Este marco normativo entró en vigor a principios de 2004 y, tras prorrogarse en 2006 y 2008, expirará a finales de 2011.
Este reglamento contiene disposiciones exclusivas para el sector, como el uso de ayudas a la innovación, las destinadas a facilitar el cierre de las actividades inviables y normas específicas para los astilleros situados en las regiones menos desarrolladas.
"La construcción naval es uno de los pocos sectores a los que se sigue aplicando un régimen específico en materia de ayudas públicas, lo que constituye una excepción de las normas aplicables a otros sectores", ha manifestado el comisario de Competencia, Joaquín Almunia.
Por eso, ha agregado Almunia, la CE quiere evaluar "sin prejuicios" el impacto que el marco normativo ha producido hasta la fecha para determinar si está justificado mantener normas específicas para salvaguardar la competencia y seguir fomentando la innovación en el sector.
Bruselas quiere conocer la opinión de autoridades públicas y demás operadores del sector antes de tomar una decisión sobre un marco que establece las normas por las que se rige la Comisión a la hora de evaluar si las ayudas públicas concedidas a la construcción naval son compatibles con el mercado interior europeo.
El principio general consiste en que se pueden conceder ayudas salvo disposiciones específicas relacionadas con las características propias del sector, especialmente el hecho de que el mercado mundial tiene un exceso cíclico de capacidad. Incluye también normas concretas sobre ayudas a la innovación, regionales, ayudas al cierre, créditos a la exportación, ayudas al desarrollo y al empleo.
Sin embargo, como el sector naval también puede recibir subvenciones en aplicación de las normas comunes sobre ayudas estatales, la CE pretende evaluar si sigue necesitando disposiciones específicas o si puede alinearse con las normas aplicables a otros sectores.
