La Comisión pide al Gobierno que cambie la legislación sobre tasas de inscripción de los aumentos de capital en el registro mercantil
BRUSELAS, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea anunció hoy que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por diversas vulneraciones de la directiva relativa al impuesto sobre las aportaciones de capital, que establece normas destinadas a facilitar la reorganización de empresas y el traslado de sus sedes.
Esta directiva confiere a los Estados miembros el derecho, pero no la obligación, de gravar con un impuesto sobre las aportaciones (tipo máximo del 1%), la creación de una sociedad en el Estado miembro de que se trate. Según el Ejecutivo comunitario, algunos aspectos de la legislación española no se ciñen a esta norma.
En concreto, el Gobierno incumple la directiva cuando aplica este impuesto a las empresas de otro Estado miembro que trasladan su domicilio social o su sede a España, porque la norma sólo permite gravar al Estado miembro en el que se crea la sociedad. Tampoco es posible aplicar el impuesto, como hace España, al capital utilizado en operaciones de tráfico mercantil realizadas por sucursales españolas de empresas creadas en otros Estados miembros que no exigen impuestos sobre las aportaciones de capital.
Además, España exime a determinadas transacciones de reorganización, pese a que la directiva no permite a los Estados miembros dar un tratamiento diferente a las transacciones idénticas.
El último de los incumplimientos se refiere a la exención del impuesto al intercambio de acciones en los casos en que una empresa recibe al menos el 75% del capital social anteriormente emitido de otra sociedad. Si la empresa adquiere posteriormente más acciones, esta última transacción está sometida al impuesto sobre las aportaciones de capital, pero el Ejecutivo comunitario considera que España debe eximir también el intercambio de acciones ulterior.
DICTAMEN MOTIVADO
El Ejecutivo comunitario pidió además al Gobierno que modifique la forma en que se aplican las tasas de inscripción de los aumentos de capital en el registro mercantil. Bruselas cree que dichos gastos no se ajustan tampoco a la directiva sobre las aportaciones de capital, ya que no se calculan sobre la base del coste del servicio prestado.
La solicitud se presenta en forma de un dictamen motivado, la segunda fase de un procedimiento de infracción. Si España no cambia su legislación en el plazo de dos meses, la Comisión podría recurrir también al Tribunal de Justicia por este caso.
"Las tasas de inscripción para los aumentos de capital son ilegales si se calculan como un porcentaje del incremento de capital, en lugar de basarse en el coste efectivo del servicio prestado", señaló el comisario de Fiscalidad László Kovács, a través de un comunicado.
En España, las empresas tienen que pagar unas tasas de inscripción para registrar aumentos de capital en el registro mercantil. Su cuantía va en proporción al incremento de capital, y no guarda relación con los costes del servicio prestado.
El Ejecutivo comunitario considera que la forma de cálculo de las tasas es contraria a la directiva, que prohíbe las tasas de inscripción para la anotación de incrementos de capital social de una empresa en un registro nacional de personas jurídicas, cuando dichos gastos en realidad equivalen a un impuesto.
Bruselas recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que ya dictaminó que los derechos de carácter remunerativo sólo pueden cobrarse legítimamente si constituyen una remuneración, es decir, un importe que se calcula respecto al coste del servicio prestado.
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