MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario del PNV en el Congreso de los Diputados ha presentado un paquete de 23 enmiendas al proyecto de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, en las que hace hincapié en que se reconozca que dicha regulación corresponde a las comunidades autónomas con competencias en materia de asistencia social.
La iniciativa legislativa, que fue aprobada en junio por el Consejo de Ministros y cuenta ya con el dictamen del Consejo Económico y Social (CES), se centra en aquellas empresas que se dedican a contratar a excluidos sociales con el objeto de que, una vez aplicadas medidas sociales y de adaptación profesional, puedan emplearse en el mercado laboral ordinario.
En el texto de las enmiendas, al que tuvo acceso Europa Press, los nacionalistas vascos reiteran que las fijación de los colectivos que se consideran dentro del campo de exclusión social para su inclusión a través de las empresas de inserción dependerá de las autonomías "como instituciones competentes en materia de asistencia social".
Asimismo, se propone la introducción de un artículo en el que se reconozca la autoridad del Gobierno vasco para dictar las disposiciones necesarias ante el desarrollo y aplicación de la ley, al existir ya un decreto, fechado en diciembre de 2006, por el que se regula la calificación de las empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y se crea el registro de empresas de inserción.
REINVERSIÓN DEL 80% DE LOS BENEFICIOS.
Según el contenido del proyecto de Ley presentado en junio, las empresas de inserción deberán estar promovidas y participadas por entidades promotoras al menos en un 51% del capital social, así como mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto. Además, deberán reinvertir, al menos, el 80% de los resultados a la mejora de sus estructuras productiva y de inserción.
Asimismo, las empresas de inserción y los trabajadores podrán celebrar contratos de trabajo temporal de fomento de empleo, que tienen por objeto la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena en una empresa de inserción como parte esencial de un itinerario personalizado, y podrá concertarse por un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 3 años.
Por otro lado, podrán concertarse contratos de trabajo de carácter indefinido o duración determinada ajustándose a las modalidades contempladas en la legislación laboral vigente.
Con la propuesta del Ejecutivo se pretende, asimismo, que con la regulación de las empresas de inserción aumente el número de personas excluidas socialmente que serán atendidas en procesos de inserción sociolaboral. Desde el punto de vista de las políticas públicas, se trata de sustituir políticas pasivas por activas.
