Economía/Macro.- El CES valora favorablemente el Real Decreto de reconocimiento de cualificaciones profesionales

Actualizado: jueves, 26 julio 2007 19:05

Da también su visto bueno al anteproyecto de Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles


MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) aprobó hoy por 37 votos a favor y una abstención el proyecto de Real Decreto que incorpora al ordenamiento español la Directiva sobre cualificaciones profesionales.

El organismo indica que esta Directiva se inscribe en el contexto del objetivo del Tratado de la Unión Europea de crear un mercado interior único, en el que la libre circulación de personas y servicios sea una realidad, de manera que los nacionales de los estados miembros tengan la facultad de poder ejercer una profesión, por cuenta propia o ajena, en un estado miembro distinto del que han obtenido sus cualificaciones profesionales.

En su dictamen, el CES valora favorablemente el impulso dado al proceso de armonización de las disposiciones relativas al reconocimiento mutuo de titulaciones y experiencia profesional que representa la incorporación al ordenamiento jurídico español de esta directiva.

En este sentido, subraya que comparte la necesidad de hacer realidad el objetivo de lograr un espacio europeo de aprendizaje permanente, en el que los ciudadanos puedan utilizar sus oportunidades de estudiar o trabajar en cualquier parte de la UE, en función de sus capacidades y no del lugar en que las adquirieran

El CES advierte, sin embargo, que hubiera sido deseable una "mayor claridad" en la redacción y una mayor de desarrollo o concreción de algunos aspectos claves para su aplicación. En este sentido pone, como ejemplo, que se "echa en falta" una mayor precisión respecto al ámbito subjetivo de aplicación de la norma

En opinión del CES, el camino de la efectiva realización de un mercado único interior abierto, la remoción de obstáculos a la libertad de prestación de servicios y de establecimiento no debe ir en detrimento de la salvaguarda de la profesionalidad y la calidad de los servicios prestados.

Asimismo, el dictamen muestra su preocupación por el riesgo de que intereses generales de la comunidad, como la salud o la seguridad pública, pudieran verse afectados en un régimen de libertad de prestación de servicios como el que se prevé, en el que se han simplificado notablemente los requisitos exigibles.

SOCIEDADES MERCANTILES.

Por otro lado, el organismo ha dado también el visto bueno al anteproyecto de Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (43 votos a favor y ninguno en contra), pero afirma que la norma legal no debe suponer una "merma" de los derechos de información y consulta a los trabajadores.

El Dictamen estima que el régimen jurídico de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles no tiene en cuenta "de forma adecuada" los derechos de información y consulta a los representantes de los trabajadores.

Así, el CES recuerda que estas referencias parciales a los derechos de información y consulta no deben suponer el desconocimiento o no aplicación de las obligaciones existentes y cita, concretamente, el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que prevé el derecho de los representantes de los trabajadores a ser consultados sobre procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de la empresa.

También recoge el Dictamen que, dada la naturaleza y el alcance de esta regulación, hubieran sido aconsejable llevar a cabo una fase de consultas previas con las organizaciones representativas de los intereses por ella afectados.

En concreto, el CES estima que hubiera sido conveniente delimitar previamente aspectos como el objeto y la finalidad de la norma, los principios que inspiran la regulación y su ámbito de aplicación, tanto desde un punto de vista territorial como del tipo de sociedades que se ven afectadas.

Igualmente, el dictamen subraya que, teniendo en cuenta la estructura empresarial española, que se caracteriza por una preponderancia de pequeñas y medianas empresas, la reforma debería atender a la realidad y necesidades de ese tejido empresarial, sin perjuicio de incluir previsiones específicas de acuerdo con la realidad de las grandes empresas.