MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy una inversión de 25 millones de euros para contratar la producción, gestión y explotación del Centro Estatal de Tramitación de Denuncias Automatizadas de Tráfico. Este centro se ubicará en León y será conocido con el nombre de Centro ESTRADA.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó en rueda de prensa que el centro tendrá un coste de 25 millones de euros y supondrá que se acorten los trámites y se refuerce la seguridad jurídica. "Las multas no se perderán, habrá que pagarlas", afirmó Fernández de la Vega. El importe máximo total del contrato es de 25.048.504,00 euros, que se financiarán con cargo a los Presupuestos de 2007, 2008 y 2009.
Cada año se tramitan en España 2,5 millones de multas al año, pero el volumen ha aumentado debido a los controles en carreteras y las normas más estrictas, afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno. Además, añadió que las multas tienen un carácter disuasorio.
El próximo 1 de julio se cumplirá un año de la entrada en vigor del carné de conducir por puntos, y a juicio de la vicepresidenta primera del Gobierno, se comienza a conducir de forma más prudente, ya que "respetar las normas en la única vía para aminorar el riesgos".
La Jefatura Central de Tráfico inició el pasado mes de abril los trámites para la creación e implantación del Centro ESTRADA para integrar la gestión de los expedientes sancionadores por infracciones de tráfico. En los últimos años, el volumen de estos expedientes alcanza los 2,5 millones anuales. Esta cifra se incrementará sensiblemente por la instalación muy reciente de unos 500 radares fijos.
DENUNCIAS DE RADARES FIJOS.
El nuevo centro tramitará, de forma automatizada y centralizada, las denuncias correspondientes a infracciones captadas a través de rádares fijos. Con la creación del Centro ESTRADA se pretende lograr una mayor eficacia, disminuyendo los tiempos de tramitación de denuncias, pero garantizando la seguridad jurídica del procedimiento y los derechos de los ciudadanos, puesto que se automatizan sólo, básicamente, los aspectos de captación de infracciones y remisión de notificaciones, en línea con las experiencias que ya han llevado a cabo otros países de nuestro entorno.
Para ello, el Centro ESTRADA dependerá de la Subdirección General de Normativa y Recursos de la Dirección General de Tráfico y al frente del mismo se situará un funcionario superior de la Administración General del Estado. La creación del Centro ESTRADA se llevará a cabo a través de una Orden del Ministro del Interior, cuya tramitación se halla prácticamente finalizada.
Para asegurar la producción, la gestión y la explotación del Centro ESTRADA el Consejo de Ministros ha autorizado este viernes al Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico a celebrar el contrato necesario. La duración del contrato será de dos años y su adjudicación se llevará a cabo por concurso y en procedimiento abierto, informó hoy el Gobierno.
La ejecución del contrato constará de dos fases: una primera fase de implantación y puesta en marcha, cuya duración será de seis meses desde la firma del contrato, y una segunda fase de gestión y explotación del Centro ESTRADA, que finalizará a los dos años de la firma del contrato, con posibilidad de prórroga por otros dos años.
La primera fase implicará, fundamentalmente, la realización de las siguientes actividades: acondicionar y dotar al edificio del Centro de todas las funcionalidades precisas; desarrollar todos los sistemas de información y de telecomunicaciones; adquirir el mobiliario; crear una página web; contratar y formar personal, y practicar pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
La segunda fase supondrá la realización de las siguientes actividades: recepción, tratamiento y archivo de las imágenes captadas y notificación del procedimiento sancionador; archivo digital de las alegaciones y recursos planteados por los interesados; envío de anuncios para su publicación; explotación y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones; mantenimiento y seguridad de las instalaciones; digitalización de documentos; otras tareas de soporte a la tramitación; archivo físico de alegaciones y recursos; adquisición de consumibles necesarios para la operación del Centro; y soporte administrativo instrumental en la tramitación del procedimiento sancionador.
