BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
La patronal catalana Pimec pidió hoy que las medidas propuestas por el Gobierno para consensuar un gran pacto para la recuperación económica incluyan a todas las pymes, y que se apliquen rápido.
En un comunicado, Pimec vio "positivo" que se establezca una cobertura de riesgo del 100% de los préstamos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como medida que permita hacer llegar el crédito a las empresas, pero mostró su preocupación por el hecho de que se comercialice a través de una sola entidad financiera, lo que puede hacer "muy lento" el proceso de concesión de estos créditos, mientras la situación financiera de las pymes "no admite más demoras".
La patronal también señaló que no se especifica cuántos recursos se destinarán a esta línea.
Respecto a la lucha contra la morosidad, que contempla que las administraciones paguen a 30 días y las empresas a 60, Pimec expuso que la propuesta del Gobierno contempla unos plazos de pago de 60 días tan sólo para empresas de reducida dimensión, que son aquellas empresas con una cifra de negocio inferior a 8 millones de euros, según la Ley del Impuesto de Sociedades.
Por lo tanto, lamentó que "hay toda una parte de pymes que no se beneficiarán de esta mejora". De igual forma, la limitación de la "discutida expresión 'salvo acuerdo entre las partes'" queda limitada para las empresas de reducida dimensión y, por lo tanto, continúa siendo un problema para el resto.
También indicó que no se aclara si el plazo de 60 días empieza a contar a partir de la fecha de entrega de la mercancía y, por lo tanto, esto podría alargar la fecha real de cobro.
En cuanto al nuevo plazo para las administraciones públicas, celebró que las medidas "suponen un avance respecto a la agilización de los pagos y a los intereses de demora", pero que pese a "las buenas intenciones de estas medidas, continúa siendo necesaria la discusión parlamentaria de la reforma de la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales".
Este debate está previsto para votación en el Congreso de los Diputados el próximo 23 de marzo, tal y como pide la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
