MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Agricultura del Congreso ha dado luz verde este martes, con el único voto del PP, al proyecto de ley de Representatividad Agraria, que regula la consulta que se deberá realizar en todo el país para elegir a las organizaciones que formarán parte del Consejo Agrario y que, por tanto, ejercerán la interlocución con el Gobierno.
La norma ha salido adelante con los votos del PP, el rechazo del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el PNV, y la abstención de CiU, si bien la oposición ha expresado su esperanza de que aún se puedan mejorar partes del articulado durante su trámite en el Senado, donde el proyecto de ley será enviado directamente sin pasar de nuevo por el Pleno del Congreso.
Para conseguir este resultado, los 'populares' han aceptado incluir cuatro modificaciones a propuesta de la oposición, si bien dos de ellas son de carácter más técnico y ya se habían incorporado al texto en cierta manera a través de las enmiendas del partido que da sustento al Gobierno.
MÁXIMO DE 500 ELECTORES POR MESA
Así, el principal cambio afecta a las mesas electorales, que finalmente tendrán un máximo de votantes de 500 (en lugar de los 1.400 previstos inicialmente) y que podrán instalarse a nivel local en función de las necesidades del censo. Además, a propuesta del PP ya se había introducido una precisión para que todas las islas cuenten con una mesa electoral independientemente del número de electores.
Por otra parte, se podrán usar mecanismos de colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas para la utilización conjunta y la ampliación en su caso de los instrumentos necesarios para realizar la consulta de forma simultánea.
Sin embargo, no se ha modificado ningún aspecto relativo a quién forma parte del censo, ni se reduce el porcentaje mínimo (15%) para entrar en el Consejo Agrario, ni se da marcha atrás en el cambio de un proceso electoral por una consulta, que son algunos de los aspectos que más rechazo han provocado entre la oposición.
ABIERTO A CAMBIOS EN EL SENADO
Durante el debate parlamentario, el 'popular' Bibiano Serrano ha señalado que el sistema actual de elección de representantes agrarios es "totalmente especulativo" ya que muchas comunidades no celebran las correspondientes elecciones, lo que hace más necesario que se apruebe esta ley, que introduce "una consulta tan válida democráticamente como un proceso electoral si se establecen los mecanismos adecuados, que se va a hacer".
"Podemos discutir del censo, de que se celebre antes o después, de quién tiene derecho al voto y quién no... Pero no se puede discutir que se celebre una consulta para medir de una vez por todas la representatividad del sector agrario para tener interlocutores válidos", ha insistido el diputado, valorando las ofertas de transaccionales que ha hecho su grupo.
No obstante, ha prometido que "se estudiarán" cambios a introducir en el Senado como la reducción del porcentaje mínimo para ser considerada asociación agraria representativa o la precisión de que los 18 meses para celebrar la primera consulta es el plazo "máximo". "La disposición de nuestro grupo es total y absoluta a dialogar y negociar", ha añadido.
COMPROMISO ELECTORAL OCULTO
Por su parte, el socialista Alejandro Alonso ha lamentado el "escaso" trabajo realizado en la ponencia y ha afirmado que el modelo que plantea este proyecto de ley es "muy discutible" desde el punto de vista de las garantías democráticas de la elección. Además, ha señalado que aún no se sabe el "interés y objetivos" del Gobierno con este proyecto, pero en cualquier caso ve deficiente la regulación sobre "electores, elegibles o mesas electorales", entre otros.
"Nos da la sensación de que el ministro Miguel Arias Cañete asumió un compromiso electoral no escrito ni transparente y que trata de cumplirlo, pero no sabemos a quién trata de agradar", ha añadido, recordando que a las principales organizaciones agrarias ven innecesario cambiar la ley actual, que fue pactada, y rechazan la propuesta del Ejecutivo.
Por la Izquierda Plural, José Luis Centella ha insistido en que esta ley regula "un mal método" para medir la representatividad agraria que "no cumplirá sus objetivos", y ha insistido en que hace falta "ir a un proceso electoral reglado" y no quedarse en una mera consulta. Además, ha reconocido sentirse algo "decepcionado" por la escasa envergadura de las enmiendas transaccionales ofrecidas, aunque ha valorado la voluntad negociadora del PP. "Nos parece que es el Ministerio el que tiene poco interés en acordar", ha añadido.
Por el PNV, Joseba Agirretxea ha mantenido su rechazo al cambio de modelo de elección tanto por el procedimiento elegido (una consulta) como por la "eliminación de cualquier intervención de las comunidades autónomas" implantando un sistema "uniformador" a pesar de que las competencias de agricultura son regionales, lo que supone "una deformación de nacimiento" de este proyecto de ley que los nacionalistas vascos no pueden aceptar.
PRISAS INJUSTIFICADAS
El portavoz de Agricultura de UPyD, Toni Picó, ha insistido en que los agricultores no debería tener "nada distinto" que los españoles cuando eligen a sus representantes políticos, por lo que ha defendido un verdadero proceso electoral con un censo real de profesionales del sector, una circunscripción única y un mínimo de votos inferior al 15%. "Con ese porcentaje nosotros no estaríamos aquí", ha dicho, en referencia a la representación de la formación magenta en el Congreso.
Marc Solsona, de CiU, cree que este proyecto es "una operación de estética" del ministro Miguel Arias Cañete y no una norma "útil y aplicable", y además pone en cuestión las "prisas" del Gobierno por sacar adelante el texto cuando no convocará las primeras elecciones hasta dentro de año y medio. Por eso, ha pedido a los 'populares' que asuman "compromisos firmes" de que en el Senado se podrán "pulir" carencias en materia de regulación de la campaña, censo o porcentaje mínimo para que los nacionalistas catalanes no se opongan al proyecto. "Si no, será un gracias por nada", ha zanjado.
