El temor generado por la crisis económica impulsa la demanda de los ciudadanos para que el Estado garantice los derechos en telefonía básica
MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
Las incidencias en el sector de las telecomunicaciones continúa generando el envio de numerosas quejas de los ciudadanos, algunas de las cuales no pueden ser admitidas a trámite ante las administraciones con competencia en la materia, según el informe del Defensor del Pueblo de 2008 al que tuvo acceso Europa Press.
El informe menciona que, a pesar de que las reclamaciones no siempre pueden ser admitidas a trámite, los ciudadanos disponen de la información y asesoramiento sobre la vía más adecuada para la defensa de sus intereses.
Dentro del sector, las incidencias en telefonía fija siguen ocasionando la recepción de un "número considerable" de las reclamaciones del sector. En concreto, la mayoría de las quejas se centran en la demora producida en la instalación, traslado y reparación en las líneas telefónicas.
En este sentido, muchas de las reclamaciones recibidas proceden de personas de edad avanzada que debido a que viven solas necesitan la instalación o resolución inmediata de las incidencias en las líneas telefónicas de sus domicilios.
En su informe, el Defensor del Pueblo destaca que el temor de los ciudadanos ante los efectos de la crisis económica ha impulsado la demanda al Estado para que garantice los derechos y servicios fundamentales en telefonía básica.
En concreto, muchas de estas quejas procedieron de los beneficiarios del denominado abono social de Telefónica ante la posibilidad de dejar de percibir los beneficios derivados de esta prestación. Debido al incremento de las pensiones mínimas, por encima del IPC, un elevado número de beneficiarios dejarán de serlo.
Ante esta paradoja, el Gobierno aprobó en abril una modificación en el umbral de acceso al abono social de Telefónica para que 100.000 jubilados y pensionistas puedan acceder a esta prestación. De esta forma, el umbral de renta familiar para tener derecho a ese subsidio sea el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) multiplicado por 1,1.
Otras de las quejas del segmento de telefonía fija correspondió a la utilización de número con prefijo 901 y 902, al considerar que los organismos públicos y las empresas debería habilitar otros prefijos similares en cada provincia, y los números asociados a los concursos, cuya participación requiere la realización de llamadas telefónica por parte de la audiencia.
TELEFONíA MÓVIL Y ADSL
Por su parte, la telefonía móvil genero muchas quejas relativas a las discrepancias de los abonados con respecto a la facturación, si bien los problemas relacionados con la falta de cobertura durante 2008 disminuyeron de forma considerable, según destaca el Defensor del Pueblo en su informe.
En cuanto a los servicios de Internet, donde "hay que garantizar" que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija, en 2008 ha disminuido el número de quejas en cuanto a las deficiencias detectadas para el acceso al servicio de Internet.
"Considerando que el acceso al servicio de Internet es parte integrante del servicio universal, los problemas sobre este particular deben quedar reducidos al mínimo e incluso suprimidos, puesto que este acceso al servicio es un derecho que tienen todos los ciudadanos que residan en España con independencia de la localización geográfica concreta", puntualizó el Defensor del Pueblo.
Por último, la utilización generalizada del servicio de Internet y la falta de control del entorno así como de normativa concreta, ha favorecido el que los delitos informáticos hayan proliferado en los últimos años, según el informe.
