Recomienda concesión de licencias de actividades, establecer zonas de desarrollo y una mayor equidad fiscal
MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El sector turístico pide una ordenación de la situación del alojamiento en viviendas de alquiler turístico en España para desarrollar un modelo turístico nacional más sostenible y generador de empleo y de crecimiento económico.
En las conclusiones del informe 'Impactos sociales y económicos sobre los destinos españoles derivados del exponencial aumento del alquiler de viviendas turísticas de corta duración, impulsado por los nuevos modelos y canales de comercialización P2P', elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) se insta a todas las instituciones a realizar una acción coordinada que logre mantener y mejorar el atractivo turístico español.
"Este es un negocio claramente lucrativo y tenemos que buscar el mejor encaje entre los actores económico en contextos sociales y ciudadanos procurando mantener una competitividad equitativa no afectando al modelo turístico español con ofertas que no coincidan con la estrategia de posicionamiento turístico de destinos", explicó el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda.
Exceltur considera que "se debe poner en marcha una actuación legal que regularice estos servicios con el objetivo de establecer los parámetros viables para conseguir que todos aquellos actores lo hagan de manera legal".
"Es un fenómeno que se debe tomar con seriedad. En este momento de cambios de regímenes locales tenemos una oportunidad única para tratar de reflexionar sobre el desarrollo de este fenómeno en los distintos lugares de España", aseguró Zoreda, quien solicitó un marco regulatorio "claro, específico, concreto y proporcional".
Las recomendaciones que plantea este estudio responden a un planteamiento integral que persigue sea factible en cuanto a su cumplimiento, por lo que se considera clave la involucración de las plataformas y el resto de intermediarios del mercado del alquiler vacacional turístico en España.
En este punto se solicitó la colaboración de las plataformas, "claves para controlar este fenómeno", para que asuma su corresponsabilidad en este fenómeno. Por ello, solicitan una "no neutralidad" de las mismas y que colaboren con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para que sean responsables subsidiarios de controlar la normativa de todo lo que se sube a sus plataformas.
Finalmente, insta a una respuesta similar a escala europea, ya que considera que los operadores digitales están actuando desde un planteamiento global y con unas responsabilidades legales que en su mayoría emanan del marco comunitario.
RECOMENDACIONES CONCRETAS.
Desde estas premisas se proponen una serie recomendaciones concretas sobre diversos elementos a incorporar en la legislación española que pivotan sobre tres instrumentos regulatorios: la exigencia del cumplimiento de la normativa al igual que los alojamientos reglados, el desarrollo normativo de la forma más homogénea posible en el país y la modificación de normativa existente clave para el control y cumplimiento de los objetivos.
"El primer sector de la economía española no puede tener un 120% de viviendas en alquiler alegal frente a un régimen regulado. Hay que competir en igualdad", subrayó Zoreda.
A nivel de Estado se solicita al Gobierno central que promueva y lidere un posicionamiento y una política de actuación común en todo el país teniendo en cuenta el carácter estratégico de la actividad turística en términos de empleo, contribución al PIB y recuperación económica española.
Por ello, se solicita considerar este oferta de alquiler de viviendas como alojamiento turístico, lo que supone la exigencia de los requisitos inherentes a los establecimientos de pública concurrencia en materia de seguridad y protección. Exceltur asegura que ha mantenido varias reuniones con Industria y que ha detectado "una voluntad propicia para atender a la sugerencias planteadas".
También se pide impulsar una mayor equidad en el tratamiento impositivo del alojamiento en viviendas de uso turístico, frente al que rige sobre otras tipologías regladas, así como garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes que afectan al uso turístico de las viviendas.
"Sentimos que esta desigualdad impositiva estimula la economía sumergida y si las arcas públicas en estos momentos necesitan fondos, esta corresponsabilidad fiscal es imprescindible", aseguran desde Exceltur.
Para finalizar exigen al Estado el cumplimiento de los protocolos de seguridad nacional en materia de información sobre los huéspedes, con el envío de la identificación correspondiente (ficha de la policía) de aquellos que alquilen la vivienda.
En el ámbito autonómico el informe recomienda establecer un conjunto de garantías mínimas de seguridad al turista tales como: seguro de responsabilidad civil, plan de emergencia, sistema de alumbrado, señalización de evacuación, extintores, teléfono de asistencia 24 horas y medidas periódicas de desinfección.
Además solicita garantizar unos derechos de información del turista, para un conocimiento previo de los vecinos, exigiendo entre otros elementos la existencia de un contrato, la publicación de forma clara el precio, ubicación y característica así como la exhibición de una placa distintiva en los accesos a la vivienda, entre otros elementos.
También sería competencia de las comunidades autónomas la exigencia de un mínimo de dotaciones de calidad básica en las viviendas que aseguren la máxima satisfacción del cliente en términos de estado de las instalaciones y limpieza (mobiliario, menaje de cocina, ropa de cama, climatización adecuada).
Para finalizar el informe también determina que los ayuntamientos son los responsables de determinar los ritmos de crecimiento y la localización física más adecuada de esta oferta de alojamiento de alquiler que responda al modelo urbano y posicionamiento turístico objetivo. Por ello, ven muy positivo la propuesta de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de revisar las estrategias de la ciudad sobre este fenómeno.
Para finalizar, Exceltur considera que los municipios españoles deben exigir de forma concreta una licencia de actividad económica para el desarrollo de esta actividad, así como el establecimiento de una zonificación de la ciudad en función de su modelo urbano y capacidad de carga turística para adecuarlo a la convivencia social.
