Fomento abre expediente administrativo a Iberia por "infracción muy grave"

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobará un Real Decreto Ley para que la Administración del Estado pueda representar legalmente a los afectados por el caos del Aeropuerto de El Prat del pasado 28 de julio que así lo deseen, con el fin de agilizar las reclamaciones, así como el pago adelantado de las indemnizaciones correspondientes. Asi lo adelantó hoy en el Congreso la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Las explicaciones de Álvarez ante la Comisión de Fomento del Congreso, que también incluyeron el anuncio de apertura de un expediente sancionador por infracción "muy grave" a Iberia.

Para el Ministerio de Fomento, el bloqueo de las pistas por trabajadores de 'handling' de Iberia en el aeropuerto barcelonés del Prat fueron "incomprensibles, inesperados e inexplicables". Tanto la negociación anterior de las condiciones del concurso para la adjudicación del 'handling' como la actitud de los sindicatos en reuniones anteriores al estallido de la crisis no hacían previsible "una respuesta como la que se produjo", aseguró la ministra. En todo caso, relató, una vez se desató el conflicto, "lo prioritario fue servir al ciudadano y recuperar el funcionamiento del aeropuerto interrumpido de modo ilegal por un conflicto de origen laboral inesperado e injusto".

Tras informar de que su Ministerio ha atendido más de 8.000 reclamaciones y más de 7.000 llamadas telefónicas, a la espera de recibir las reclamaciones que recogen otros organismos y empresas, Álvarez detalló las medidas de futuro del Gobierno a raíz de la crisis. La primera de ellas será la aprobación de un Real Decreto con el objeto de que los afectados puedan ser representados por la Administración del Estado, lo que agilizará la recepción de indemnizaciones. De hecho, estas compensaciones se recibirán por adelantado una vez que los afectados presenten la documentación acreditativa y cedan al Estado las acciones que pudieran emprender para efectuar sus reclamaciones.

El coste económico de esta medida se sufragará, según afirmó, "con el importe de las cantidades que la Administración del Estado reclame en el ejercicio de las acciones cedidas, y el importe de las sanciones pecuniarias que se impondrán en los correspondientes procedimientos administrativos sancionadores a las personas y entidades responsables de los daños". En este sentido, otra de las acciones que ha tomado el Ejecutivo del PSOE es la apertura de un expediente "por infracción administrativa muy grave" contra Iberia, lo que convierte a la compañía en la principal responsable de los hechos del Prat. Además, el Ministerio ha abierto "un expediente de actuaciones previas para identificar a todos los responsables de los hechos y su implicación" que derivarán en "las correspondientes sanciones".

Magdalena Álvarez anunció también la personación de la Administración del Estado en la diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 del Prat de Llobregat en Barcelona "con el fin de tomar conocimiento de las actuaciones judiciales que se adopten en este ámbito para en su caso adoptar las medidas administrativas correspondientes". Por último, la ministra anunció que Fomento ha iniciado la tramitación de modificaciones legales y del desarrollo normativo "de cara a mejorar su capacidad y efectividad sancionadora en materia de defensa de los intereses de usuarios de transporte".

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Para el PP, lo único que ha hecho el Ministerio en relación a la crisis es "desviar la atención con anuncios pagados para decir que va a ayudar a los perjudicados a que le reclamen a Iberia", cuando, en realidad "el primer responsable frente a ellos es el Gobierno, por falta de previsión e ineficacia". El portavoz del PP en la comisión de Fomento y Vivienda, Andrés Ayala, tildó la situación que se vivió en El Prat el 28 de julio de "atentado contra la seguridad aérea", en contra de la opinión de la ministra que tanto en su intervención inicial como en su turno de réplica insistió en varias ocasiones que "en ningún momento se pusieron en riesgo las operaciones o la seguridad aérea".

Ayala acusó al Ejecutivo de "negligencia" por no prever la deriva que tomaron los hechos tras la insatisfacción de los trabajadores por la adjudicación del 'handling' y de una reacción tardía tras los primeros síntomas de la crisis, a las 6 de la mañana del 28 de julio. Con todo, a juicio del PP, Álvarez debe ejercer su autoridad y pedir las responsabilidades necesarias en su Ministerio, porque, de no ser así "seguro que ya tiene firmada su carta de dimisión, será la única forma de que haga usted lo que tiene que hacer: desde la época de los griegos quien tenía la responsabilidad era quien se tomaba la cicuta".

Como estaba previsto, Joan Puigcercós (ERC) Jordi Jané (CiU) y Joan Herrera (ICV) aprovecharon su intervención en la comisión para reclamar "cambios de futuro en el modelo aeropuertario" y la cesión de competencias a las autonomías, tema que la ministra prefirió no tocar pese a "comprender que están en el pistoletazo de salida de las elecciones". Según los tres partidos catalanes, la gestión de los precedentes de la crisis y el caos del 28 de julio se hubieran "visto de otra forma desde Barcelona" y hubieran manejado el conflicto "con más mano izquierda". Sin embargo, y pese a que ningún partido se mostró del todo satisfecho con las explicaciones de Fomento, sólo ERC se sumó a la petición de dimisión del PP por "no haber dado la cara".