La construcción del denominado Arco Noreste de Murcia
MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha licitado un contrato de obras de construcción de carreteras que estaba incluido en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que heredó del anterior Ejecutivo, pero que se acometerá con cargo al Presupuesto público y no con capital privado.
Se trata del denominado Arco Noroeste de Murcia, una vía de 21,7 kilómetros de longitud que permitirá separar los tráficos locales, de acceso a la capital, de los de largo recorrido.
El proyecto sale a concurso este viernes, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por un importe de 48,4 millones de euros. Las empresas interesadas en presentar ofertas para hacerse con la obra tienen de plazo hasta el próximo 6 de febrero para presentar sus propuestas a Fomento.
El Departamento que dirige José Luis Ábalos ha lanzado también este viernes otros cuatro contratos de obras de carreteras que, sumados al de Murcia, suman un monto inversor total de uno 250 millones de euros.
Entre ellos figuran la construcción de la variante de Alcorisa, de la N-211 a su paso por Teruel, el enlace entre la SE-30 y la A-49 en Sevilla y la remodelación de la conexión entre la A-6 y la M-40 en Madrid.
En cuanto al proyecto de Murcia, no será costeado con capital privado, tal como el Plan de Carreteras preveía, sino que su inversión se cubrirá con los Presupuestos públicos.
PLAN CON CAPITAL PRIVADO.
Fomento ha indicado en distintas ocasiones que el Plan de Carreteras heredado no tenía sus pliegos de contratación lo suficientemente preparados para que se pusieran en marca con capital privado. No obstante, pretende adelantar los proyectos más maduros para construirlos a cargo del Presupuesto.
Además, El Ministerio no descarta el PIC, sino que apuesta por lanzarlo cambiando previamente alguna de las condiciones de los contratos con inversión privada para que "no sean tan lesivos para el Estado en cuestión de futuras cargas presupuestarias".
Los cambios que contemplaba acometer en los contratos de este plan pasan por excluir el riesgo de expropiación, reducir a diez años el plazo de gestión de las infraestructuras que se construyan y garantizar una rentabilidad similar a la del bono a diez años más 200 puntos básicos.
