MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por Facua-Consumidores en Acción contra los controladores aéreos que abandonaron sus puestos de trabajo el pasado 3 de diciembre ha sido remitida al Juzgado Central de Instrucción número 2, cuyo titular, Ismael Moreno, estudiará su admisión a trámite junto a la presentada la semana pasada por los mismos hechos por parte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), informaron este miércoles fuentes jurídicas.
En su denuncia, Facua acusa a los controladores de presuntos delitos de sedición, abandono de destino, coacciones contra los intereses turísticos de los españoles y de los pasajeros que no pudieron realizar libremente sus desplazamientos, así como de falsedad documental por parte de profesionales médicos que firmaron las bajas.
Esta asociación pide a la Audiencia Nacional que llame a declarar a los responsables del sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) para aclarar quiénes fueron los responsables del paro, y a los controladores que abandonaron su puesto de trabajo.
Asimismo, solicita que AENA y el Ministerio de Fomento certifiquen el número y especificación de cada uno de los vuelos cancelados, así como del número de pasajeros afectados y el nombre y apellidos de cada uno de ellos.
Por otro lado, la asociación pide que se tome declaración a los médicos que firmaron las bajas de los controladores y se libre oficio al Ministerio de Sanidad y a la Inspección de la Seguridad Social para obtener copias de cada uno de los partes de bajas médicas solicitadas de forma coordinada por los controladores.
La demanda de Facua se suma a la presentada la semana pasada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cuya admisión a trámite aún sigue pendiente por parate del juez de la Audiencia Nacional.
La demanda de la OCU, que fue la primera en presentarse, si dirige contra la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) por la comisión de un delito contra el tráfico aéreo en su variante de sedición. Los consumidores consideran que el sindicato instigó el paro que provocó el cierre del espacio aéreo.
Este asunto recayó en el Juzgado de Moreno en aplicación de las normas de reparto, si bien fuentes jurídicas ya señalaron que ven complicado que el asunto prospere en la Audiencia Nacional puesto que el delito denunciado no se encuentra entre los previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como competencia de este órgano.
