El PP busca recuperar la línea ICO para ayuntamientos morosos

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha calificado de "sorpresa ingrata" la supresión de la línea ICO de crédito directo para que los ayuntamientos morosos puedan pagar sus deudas a empresas y autónomos, que el Gobierno ha derogado en el articulado del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, y ha avanzado que tratará de recuperarla durante el trámite parlamentario de las cuentas públicas, para lo que confía en recabar el apoyo del resto de grupos de la oposición.

En declaraciones a Europa Press, el diputado 'popular' y alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, ha denunciado que la supresión de esta línea, introducida en la Ley de Morosidad que las Cortes aprobaron en mayo, se ha realizado "sin diálogo y sin contactos" con los ayuntamientos y pone en cuestión el papel de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "Es una muestra más de lo que son cambios de rumbo tanto económicos como jurídicos", ha remarcado.

El proyecto de Ley de Presupuestos entregado el jueves al Congreso cambia el artículo de la Ley de Morosidad, que da tres meses al gobierno para crear la línea, por otro que se limita a destacar que el ICO continuará atendiendo las necesidades de financiación de comunidades y ayuntamientos "conforme a los criterios de riesgo económico, financiero y presupuestario" y los objetivos de reducción de estabilidad presupuestario del Gobierno, estableciendo las "garantías necesarias" para la devolución de los préstamos.

La nueva línea, que fue introducida en la Ley de Morosidad con el voto en contra del PSOE, debía de haberse puesto en marcha en agosto, si bien el Gobierno siempre ha eludido hacerlo argumentando que no cuenta con garantías de devolución adecuadas y podría elevar el déficit público en tres décimas, según los cálculos de la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

Sin embargo, el PP insiste en que mientras no haya una nueva Ley de Haciendas Locales, deben establecerse instrumentos para aliviar el endeudamiento de los consistorios y garantizar el pago a proveedores, una posición que comparte con el resto de grupos parlamentarios de la oposición, en especial CiU, ERC, IU e IC, que también han lanzado una batería de iniciativas parlamentarias para garantizar que el Ejecutivo cumple el mandato legal emitido desde las Cortes.