MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El PP y el PSOE han pactado este martes en el Congreso pedir al Gobierno que cree un registro de activos financieros en el que los legítimos herederos de un difunto puedan consultar las posiciones en depósitos financieros y participaciones en fondos de inversión a su muerte, con el objetivo de poder reclamar los derechos que le correspondan.
La iniciativa, presentada por el Grupo Popular, ha sido modificada con las aportaciones de los socialistas para dejar claro que el nuevo registro sea público, de tal manera que no se ponga en manos de ninguna entidad privada información de carácter sensible y acogida a la Ley de Protección de Datos. Asimismo, se explicitará que las entidades financieras y de seguros estén obligados a colaborar con el registro.
Por otra parte, la propuesta prevé también ampliar el ámbito de aplicación del actual registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento y accidentes con contingencia de muerte para incluir otros contratos, como planes de pensiones u otros sistemas de previsión que conlleven el reintegro de cantidades en el momento del óbito, así como de cualquier tipo de póliza de deceso que cubra gastos asociados al fallecimiento.
MEDIDA OPORTUNA
El 'popular' José López Garrido ha defendido durante su intervención la importancia de esta propuesta porque la difusión de las nuevas tecnologías como vía para comunicarse con las entidades financieras ha cambiado la relación, haciéndola "más discreta" y provocando que en determinados casos las familias puedan no conocer todos los productos de los que es titular una persona.
"La pluralidad de operaciones y el uso de medios electrónicos puede hacer extraordinariamente complicado en caso de fallecimiento que los legítimos herederos compilen toda la información económica y financiera del fallecido. Por eso estamos obligados a dar respuesta a esa nueva realidad, respetando el marco de protección de datos", ha añadido.
El socialista Félix Lavilla también ha subrayado las bondades de una iniciativa de estas características, sobre todo cuando afecta a productos que, de no ser reclamados al fallecimiento de su titular, pasan a la entidad de crédito, y no a la hacienda pública como sí sucede con los seguros. "Estamos satisfechos con el acuerdo", ha añadido.
QUE SIRVA DE EJEMPLO
Este acuerdo contará además con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, a tenor de las intervenciones de sus respectivos portavoces. Así, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela ha dado la "bienvenida a una idea importante para un problema real" a través de una propuesta "lógica". No obstante, espera que para el desarrollo de esta propuesta se consulte también con el resto de formaciones.
Tras preguntarse por las razones que han llevado al PP a "buscar el apoyo del resto de grupos" cuando tiene votos suficientes para sacar adelante cualquier decisión del Gobierno, ha pedido al grupo mayoritario que "tenga presente el comportamiento de la oposición cuando alguien presenta una propuesta sensata" porque "la oposición tiene una reciprocidad con el Gobierno y el PP de la que a veces no son merecedores".
En la misma línea, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha aplaudido una iniciativa "útil y razonable" ante un problema "cada vez más frecuente", aunque ha lamentado que el funcionamiento de este registro sea "muy impreciso" en el texto.
Inmaculada Riera (CiU) ha apoyado la propuesta aunque recordando que "el registro debe conjugarse con el derecho a la intimidad" de las personas que en él figuren, por lo que "es necesario que las funciones queden muy bien definidas". Mientras que Pedro Azpiazu (PNV) ve "del todo razonable" esta medida y ha recordado que se podría usar el registro también para la lucha contra el fraude, "aunque curiosamente no se diga nada al respecto" en el texto.
